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Para el sindicato, al abordar la subida de la tarifa eléctrica hay que tener en cuenta el profundo impacto que sobre el conjunto de la economía, y en concreto sobre la industria, el empleo y las familias, pueden tener. La central reclamó una evaluación sistemática del impacto social (garantías de suministro, contratos de suministro de energía con fines industriales a largo plazo, crecimiento, empleo y economía familiar) que esta propuesta conlleva, y apostó por una política tarifaria que favorezca un crecimiento duradero del empleo en los sectores que representa.
CC.OO. deploró la propuesta del organismo regulador del mercado eléctrico y criticó la exclusión de los sindicatos en el proceso de determinación de la tarifa eléctrica, 'sobre todo en un momento en el que las empresas del sector han obtenido beneficios récord'.
La Federación Minerometalúrgica exigió que el Ministerio de Industria rechace la propuesta por sus 'negativos efectos sociales', y que abra una nueva mesa de negociación con los sindicatos para elaborar y acordar junto con los empresarios una propuesta de modelo energético sostenible.
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