El futuro de las pensiones exige reformas en España a largo plazo

Expertos en pensiones criticaron el cortoplacismo que, en su opinión, marcó el debate sobre el futuro del sistema y reclamaron abordar su sostenibilidad con una visión de largo plazo. Durante una jornada organizada por Funcas y la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), la profesora de Sociología de la UNED e investigadora de Funcas, Elisa Chuliá, sostuvo que la reforma de pensiones de 2023 supuso un “cambio de paradigma” respecto a las reformas anteriores.

Según explicó, mientras las reformas previas habían estado orientadas a contener el crecimiento del gasto, la última reforma centró su atención en el aumento de los ingresos del sistema. Chuliá consideró que esta reforma fue una oportunidad perdida y advirtió de que algunas de las medidas adoptadas serán “muy difíciles de revertir”, ya que podrían acabar siendo percibidas por la sociedad como derechos adquiridos. Asimismo, lamentó que el debate sobre las pensiones no tenga presencia en la esfera pública pese a su importancia para las próximas décadas.

Por su parte, el profesor de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto de Actuarios Españoles, Enrique Devesa, calificó la reforma de 2021-2023 como una “huida hacia adelante” y defendió la necesidad de acometer cambios estructurales que permitan garantizar la viabilidad futura del sistema. A su juicio, las medidas aprobadas incrementaron los ingresos, pero no corrigieron suficientemente la evolución del gasto.

Estrategia realista

Por su parte, el investigador de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Ignacio Fernández-Huertas, insistió en que cualquier reforma debe integrarse en una estrategia fiscal “realista y creíble” que garantice la sostenibilidad del conjunto de las administraciones públicas.

Otro de los principales asuntos abordados durante la jornada ha sido el papel de la inmigración en la sostenibilidad del sistema de pensiones. Fernández-Huertas defendió que los flujos migratorios contribuyen positivamente al crecimiento económico y a las finanzas públicas, y recordó que la AIReF tuvo que revisar al alza sus previsiones migratorias en los últimos años ante la llegada de más población extranjera de la inicialmente prevista. No obstante, precisó que las previsiones del organismo ya incorporan el hecho de que esos inmigrantes también envejecen, se jubilan y perciben prestaciones en el futuro.

Chuliá, de su lado, respaldó las conclusiones de la AIReF y señaló que la inmigración tiene un impacto positivo pero “moderado” sobre la sostenibilidad financiera del sistema. Asimismo, reclamó análisis más amplios que tengan en cuenta tanto las aportaciones realizadas por la población inmigrante como el uso de los distintos servicios públicos a lo largo de todo su ciclo vital. Por su parte, Devesa reconoció que la llegada de nuevos trabajadores contribuye a sostener el sistema de reparto, aunque advirtió de que esos cotizantes también generan futuros derechos de pensión. En este contexto, defendió la necesidad de incorporar una perspectiva actuarial más amplia al análisis de la sostenibilidad.