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INFORME ANUAL
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca que las finanzas públicas de España siguieron mejorando, aunque considera que la consolidación fiscal sigue siendo esencial para encaminar la deuda hacia una tendencia a la baja a medio plazo, para lo que propone una batería de medidas, incluyendo una reforma de las pensiones, así como de distintas prestaciones e impuestos, cuyo impacto agregado sería equivalente al 0,4% del PIB, unos 6.800 millones de euros.
En su último informe sobre la economía española, la organización con sede en París señala que la reciente mejora de las cuentas públicas se debió en gran medida a la eliminación gradual de medidas temporales contra la inflación y de apoyo energético, así como por la contención del gasto primario neto y el sólido crecimiento de los ingresos fiscales. Sin embargo, advierte de que la deuda sigue siendo elevada en comparación con el promedio de las economías de la zona euro y de la OCDE, mientras que, aunque el déficit fiscal general se redujo, el déficit estructural subyacente se mantiene prácticamente sin cambios, cerca del 3% del PIB.
En este sentido, si bien el plan fiscal a medio plazo (MPFP) del Gobierno describe una trayectoria para reducir el déficit fiscal del 3,5% del PIB en 2023 al 0,8% en 2031 y la deuda del 102,5% del PIB en 2024 al 90,6% en 2031, con una mejora constante del saldo fiscal estructural del 0,4% del PIB anual de media entre 2025 y 2031 mediante medidas fiscales y mejoras en la eficiencia del gasto, “el plan carece de suficiente detalle sobre las medidas políticas concretas para alcanzar estos objetivos”.
De cara al futuro, el “think tank” de las economías avanzadas espera que las presiones fiscales a largo plazo aumenten debido al envejecimiento de la población, principalmente en el gasto en pensiones y, en menor medida, en sanidad y cuidados de larga duración, los costes de la transición verde y el aumento del gasto en defensa, mientras que el pago de intereses de la deuda también añadiría presión. En concreto, se prevé que el gasto en pensiones aumente del 12,9% del PIB en 2023 al 16,1% en 2050, mientras que el gasto en sanidad y cuidados de larga duración aumentará del 7,4% del PIB en 2023 al 9,4% en 2050, según el Consejo Fiscal de España.
Para ello, recomienda a España reformar el marco presupuestario y la garantía de su aplicación efectiva para impulsar la eficiencia y la calidad del gasto público, frente a los importantes desafíos institucionales relacionados con la alta descentralización administrativa de España y a la complejidad de aplicar simultáneamente múltiples reglas fiscales.
Según las estimaciones de la OCDE, con las políticas actuales, la ratio deuda/PIB disminuiría temporalmente, pero la deuda aumentaría significativamente a medio plazo, por lo que plantea una serie de reformas fiscales y de las pensiones, con un impacto agregado del 0,4% del PIB, unos 6.800 millones de euros, que encaminarían la deuda hacia una senda decreciente. En concreto, desde el lado de los ingresos, plantea medidas con un efecto combinado de unos 3.400 millones, incluyendo ampliar la base del IVA, limitar las exenciones y armonizar los tipos para bienes y servicios (+6.800 millones); reducir la cuña fiscal para los hogares con ingresos más bajos (-8.500 millones); aumentar los ingresos ambientales mediante la igualación de los impuestos especiales sobre el diésel y la gasolina y el fortalecimiento de los impuestos sobre la energía y los vehículos (+6.800 millones).
En cuanto al gasto, las propuestas de la OCDE también suponen un impacto del 0,2% del PIB, unos 3.400 millones, incluyendo eliminar las diferencias basadas en la edad y las cotizaciones a las pensiones para los beneficiarios de las prestaciones por desempleo (+11.900 millones); restablecer un mecanismo en la pensiones de ajuste a la esperanza de vida (+17.000 millones); la ampliación del período de referencia para el cómputo de los derechos de pensión a 35 años (+15.300 millones).
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revisó nuevamente al alza su pronóstico de crecimiento para España para este año y el siguiente, después de la mejora anunciada el pasado mes de septiembre, y ahora anticipa que la economía crecerá un 2,9% en 2025 y un 2,2% en 2026, lo que implica una subida de tres y dos décimas, respectivamente, respecto del pronóstico anterior. Además, desde la OCDE hacen hincapié en que la subida del salario mínimo en España contribuyó a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con bajos ingresos con efectos limitados sobre el empleo, aunque recomienda “calibrar cuidadosamente” futuros incrementos, dado el significativo aumento acumulado, con el fin de evitar consecuencias no deseadas en el mercado laboral. También plantean dar respuestas a la crisis de acceso a una vivienda asequible y dar un impulso al alquiler social.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, resaltó que el informe de la OCDE sobre España, publicado ayer, incide en el buen momento que atraviesa la economía y la solidez del crecimiento económico, pese a que advierte sobre algunos “retos” que debe hacer frente el país, como la vivienda, la productividad, la inmigración o la descarbonización. “El informe de la OCDE incide en el buen momento que atraviesa la economía española y la solidez de nuestro crecimiento económico”, destacó el titular de Economía en una rueda de prensa en el ministerio, tras reunirse con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.
Para Cuerpo, el informe refleja “un nuevo modelo económico y social” que caracteriza la situación hoy día y hacia adelante en España, aunque también reconoció que el “think tank” advierte sobre algunos retos a los que se enfrenta el país. El primero de ellos es, según el ministro, la vivienda, un reto compartido con el resto de socios europeos y el “gran objetivo” de la legislatura. “La reforma de la ley del suelo, el impulso al parque de vivienda pública social, el impulso a la financiación para el alquiler asequible son solo algunas de las medidas que ya están en marcha”, destacó el ministro.
Sobre esta cuestión, el secretario general de la OCDE resaltó la necesidad de que la oferta y la demanda de vivienda se estabilicen, ante los elevados precios, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, el informe incide en la necesidad de que España aumente su productividad y de que integre a los inmigrantes en el mercado laboral “para poder permitir un mejor aprovechamiento del capital humano que está llegando al país”.
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