El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado el plan de inmigración de su partido con 13 medidas. Entre ellas, ha planteado un visado por puntos para migrantes que prime la entrada de "quien conoce mejor" la cultura española, de "quien tiene mayor capacidad de integración" y de quien quiere trabajar en aquellos sectores en los que hay "falta de mano de obra". Además, ha defendido que prestaciones económicas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se liguen a la "búsqueda activa del empleo".
Feijóo calificó la situación actual como “una crisis migratoria sin precedentes” y denunció el aumento de llegadas irregulares a Baleares: de menos de 1.000 migrantes en 2017 a más de 5.000 en lo que va de 2025.
Plan de inmigración
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España vive una de las transformaciones demográficas más profundas de su historia reciente: casi uno de cada cinco habitantes ha nacido en el extranjero. En solo cuatro años, la población extranjera ha aumentado en más de 1,5 millones de personas, hasta llegar a los 7 millones de personas (un 14% del total) mientras que la población nacida en España se reduce. Europa entera afronta este desafío, con gobiernos de muy distinto signo reforzando el control de fronteras, los requisitos de permanencia y la integración.
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Nuestro país no puede seguir atrapado en el modelo disfuncional del Gobierno central, que ha convertido la irregularidad en la vía más rápida, debilitando la cohesión social y la igualdad ante la ley. El Partido Popular plantea una política migratoria que alinee España con la tendencia europea: ordenada, legal y mutuamente beneficiosa. La inmigración bien gestionada es una oportunidad; mal gestionada, una fuente de división y precariedad. Queremos demostrar que España siempre ha sido una Nación abierta, fuerte y cohesionada, que acoge a quienes respetan nuestras leyes y valores, y que es firme contra quienes ponen en riesgo la convivencia y la libertad.
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El Ejecutivo ha renunciado a controlar las fronteras y niega a los españoles la capacidad de decidir quién entra en nuestro país y en qué condiciones. El abuso fraudulento de trámites para lograr prestaciones y de las vías de regularización excepcionales, como el arraigo, junto al colapso del sistema de asilo y la ausencia de sistemas de retorno efectivos, han roto los incentivos a quien quiere cumplir, premiando la irregularidad frente a la legalidad. Al mismo tiempo, se ha disparado la dependencia del sistema: altas tasas de desempleo entre extranjeros, precariedad laboral y un uso creciente de las prestaciones sociales, sin que sea necesario demostrar una aportación previa al sistema.
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Falta una política migratoria eficaz y esto no se soluciona ni con la política inmovilista de “que entre quien quiera” ni con el “hay que echarlos a todos”. Sin una respuesta clara, los sistemas de protección se tensan y la confianza de los ciudadanos se resquebraja.
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La magnitud del cambio demográfico exige una integración efectiva para que la diversidad cultural, que puede ser una fuente de riqueza y dinamismo, no se convierta en un factor de fragmentación. La cohesión cultural no significa uniformidad, sino asegurar que todos compartamos un marco común de valores, normas y convivencia que haga posible una sociedad abierta y cohesionada.
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El Partido Popular defiende una visión liberal y europea de la inmigración, basada en la dignidad de la persona, la responsabilidad individual y la igualdad ante la ley. El inmigrante no es ni víctima pasiva ni culpable por defecto: es una persona con derechos y deberes, capaz de prosperar con su esfuerzo y que debe respetar las reglas comunes. Proponemos un modelo de integración asentado en la Constitución, la igualdad entre hombres y mujeres, la defensa de la libertad y la vida, y el respeto a la convivencia democrática y la ley.
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Orden y legalidad. Recuperar el control de las fronteras es condición básica de credibilidad. España debe decidir quién entra y en qué condiciones. Ninguna vía irregular puede ser más ventajosa que la legal. Para ello, el PP propone reforzar el control, combatir a las mafias, garantizar retornos efectivos, y asegurar acuerdos con países de origen y tránsito. La frontera sur de Europa debe contar con más medios, presencia reforzada de Frontex y una política común de retornos que dé seguridad a los ciudadanos y confianza a quienes llegan de forma regular.
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Contribuir tiene que ser condición para permanecer. La inmigración solo es sostenible si se vincula a la aportación real. Queremos vías legales, rápidas y claras para quienes quieran trabajar y cotizar. La residencia de larga duración no puede depender solo del tiempo, sino del esfuerzo laboral y la capacidad de subsistencia. Igualdad de derechos implica igualdad de deberes: la inmigración debe ser una palanca de cohesión, confianza y progreso compartido, no una carga para el sistema. Las prestaciones económicas como el Ingreso Mínimo Vital deben ligarse a la búsqueda activa de empleo. La mera percepción de ayudas públicas no puede ser el propósito ni convertirse en un medio de vida. Los que abusan no pueden oscurecer la labor de tantas personas llegadas de otros países, que en las últimas décadas han prosperado fruto de su esfuerzo y han contribuido a que España también lo haga.
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Integración con exigencias. La integración es un resultado, no un punto de partida automático. Supone aprender el idioma, conocer la Constitución y respetar valores esenciales: igualdad, libertad y cumplimiento de la ley. Una integración efectiva enriquece nuestra sociedad, aporta talento y refuerza la economía; sin ninguna exigencia, se convierte en una fuente de división.
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La nacionalidad española no puede ser un mero trámite administrativo, sino la culminación de un proceso de integración lingüística, cultural y económica que refuerce nuestro proyecto común. En este camino, reconocemos el vínculo especial que nos une con las naciones hermanas de Hispanoamérica, con quienes compartimos lengua, historia y valores, y cuya integración en España constituye una oportunidad natural de enriquecimiento mutuo.
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La gestión de los menores no acompañados no puede ser el fruto de un reparto arbitrario y sin transparencia, y mucho menos instrumento de negociación política entre el Gobierno central y sus socios separatistas. El Gobierno central debe asumir su responsabilidad y las consecuencias de su fracaso en la política migratoria también en este ámbito. Por ello, volvemos a exigir que garantice la determinación de edad y que asuma la atención y financiación directa de los menores no acompañados ante la actual saturación de los recursos de las Comunidades. Además, consideramos que, siempre que existan datos que lo permitan, debe promover el retorno y la reunificación familiar en los países de origen.
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Tolerancia cero con el delito. El respeto a la ley es la base de la convivencia. Ningún delito puede quedar impune, sea cometido por inmigrantes regulares o irregulares, al igual que el resto de ciudadanos españoles. La pérdida de residencia debe ser automática cuando un inmigrante incurra en delitos graves y la reincidencia no puede ser compatible con la permanencia en España. La seguridad de los ciudadanos exige una política clara, firme y previsible, que refuerce la confianza en la justicia y garantice que quien viene a España lo hace para convivir en paz y respetar nuestras normas.
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Todas las Comunidades Autónomas lideradas por el Partido Popular vamos a trabajar por una España abierta y cohesionada, donde la inmigración sea un factor de prosperidad compartida y no de fractura social. Ese es el camino más directo hacia una Nación segura, solidaria y fuerte en Europa. Nos adherimos al acuerdo firmado en Canarias por nuestro presidente nacional el 10 de septiembre de 2024 y nos comprometemos a implantarlo desde el Gobierno central.