Ábalos cobró un millón de la trama de los hidrocarburos

CORRUPCIÓN EN EL PSOE

La organización compró un chalet en Cádiz para el exministro y realizó pagos a Koldo y Aldama

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, saliendo del Congreso.
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, saliendo del Congreso. | Europa Press

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la trama de fraude en el sector de los hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional y por la que está investigado Víctor de Aldama habría gastado un millón de euros para influir en el empresario, en el exministro José Luis Ábalos y en su exasesor Koldo García. Así se desprende del último informe aportado por el Instituto Armado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Los agentes, en concreto, sostienen que “la organización criminal dirigida por Claudio Rivas dispuso” de esa cantidad de dinero para abonar una serie de “contraprestaciones económicas ilícitas”.

Parte de ese millón de euros, en concreto 585.000 euros, fue destinado a la compra de un chalet “previamente elegido” por Ábalos: el de La Alcaidesa, en Cádiz. “El ministro dispuso materialmente de la vivienda, la disfrutó e incluso intentó su aprovechamiento económico, todo ello bajo la cobertura formal de un contrato de arrendamiento instrumentalizado cuyas cuotas no fueron satisfechas, con excepción de la primera mensualidad y la fianza”, apunta el informe.

La adquisición del inmueble “se produjo tras un proceso de búsqueda y selección de una propiedad que se adecuara a las preferencias personales del ministro, proceso en el que intervino activamente su asesor Koldo García”, que había intercambiado previamente diversos anuncios de propiedades con Ábalos. Fue en una fecha coincidente con la segunda reunión mantenida por los presuntos líderes de la trama en el Ministerio de Industria y Turismo “cuando Koldo reenvió a De Aldama el enlace a la oferta de venta de La Alcaidesa, evidenciando que fue la que eligió el ministro”.

Intermediario

El empresario, según la UCO, actuó “como intermediario entre el ministro y la organización criminal”, iniciando “las gestiones necesarias para la adquisición” de la vivienda. “El 17 de junio de 2021, Claudio Rivas, estando convencido de que obtendrían la autorización de operador mayorista, puso a disposición del ministro la referida propiedad”, indican los agentes. “Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito”, le llegó a decir la empresaria Leonor González a su pareja Natán González. Según los agentes, “los interlocutores atribuían la concesión de la autorización a la compra previa de la vivienda pretendida por el ministro”.

La UCO señala que Ábalos disfrutó del chalet de julio a noviembre de 2021. Dos meses después del cese del ministro, y “ante la falta de concesión de la autorización pretendida, Claudio Rivas ordenó a su abogado la redacción de una demanda de resolución de contrato de arrendamiento, de desahucio y de reclamación de rentas”.

Parte del mencionado millón de euros también fue a parar al bolsillo de Víctor de Aldama, que “percibió 292.416,66 euros procedentes de la mercantil Have Got Time”, la misma que oficializó la compra del chalet de Ábalos y que era propiedad de Rivas. Se trató, en concreto, de un “pago por su intermediación con el ministro en favor de los intereses de la presunta organización criminal, de la cual acabaría formando parte”.

La UCO apunta a Transportes, Industria y Transición Ecológica

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas como presuntos cabecillas de la trama de hicrocarburos vinculada a Villafuel que investiga la Audiencia Nacional, indicando que no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La UCO describe “una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector”. Los investigadores precisan que, “de forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas”.

La Benemérita no alberga duda de que “la máxima dirección de esta organización criminal” eran Aldama y Rivas, el dueño de Villafuel. “Ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras”, afirma. Y asegura que hay “indicios bastantes que apuntan a una posible penetración de la organización criminal en los niveles directivos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico”. La infiltración se habría vehiculado a través de Aldama.

Contenido patrocinado

stats