Ábalos, Koldo y Aldama se sientan en el banquillo del Supremo por la trama de contratos de mascarillas

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se sientan desde este martes en el banquillo del Tribunal Supremo por su presunta implicación en irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.

Tanto Ábalos como Koldo, en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, se declaran inocentes. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que los tres se concertaron para aprovechar la posición del exministro y favorecer contratos públicos a empresas vinculadas a Aldama a cambio de beneficios económicos.

Una organización “con vocación de permanencia”

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, describe la presunta trama como una organización estructurada y duradera, que operó durante años y se apoyó en funcionarios, empresarios y personas del entorno de los acusados.

Según el Ministerio Público, el objetivo era captar contratos públicos en distintas administraciones mediante una red que ofrecía a Aldama una “interlocución privilegiada” con organismos públicos.

Reparto de papeles: “el jefe” y el “alter ego”

La Fiscalía sitúa a Ábalos como “el jefe”, encargado de aportar la influencia política necesaria desde el Ministerio de Transportes.

Por su parte, Koldo García habría actuado como su “alter ego”, gestionando tanto tareas profesionales como personales, incluyendo presuntamente la administración de fondos ilícitos, llegando a actuar como testaferro.

Aldama, definido como el “conseguidor”, se encargaba de localizar empresas interesadas en contratos públicos y canalizar las operaciones, participando en los beneficios económicos.

Peticiones de pena

Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo, por delitos como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada, además de multas millonarias.

Para Aldama, que ha reconocido parcialmente los hechos, pide 7 años de cárcel y una multa de 3,7 millones de euros, aplicándole la atenuante de confesión.

Por su parte, las acusaciones populares lideradas por el PP elevan la petición hasta 30 años de prisión para Ábalos y Koldo.