Una alto cargo de la Moncloa, imputada por el “caso Gómez”

El juez Juan Carlos Peinado, que instruyó la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, amplió la investigación citando como imputada a la secretaria general de la Presidencia, Judit Alexandra González, mientras rechazó volver a citar a Pedro Sánchez y al ministro Félix Bolaños. En su auto, el magistrado también negó el archivo del caso y unificó las dos piezas abiertas, manteniendo el procedimiento del jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación.

Peinado citó a González para el 12 de noviembre con el fin de “informarla del objeto del procedimiento y darle traslado de los hechos que se le imputan”, aclarando que su comparecencia no podía ser “en calidad de testigo”. La considera posible responsable de un delito de malversación por omisión, al entender que, como secretaria general, tenía una “posición de garante” sobre las funciones de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, quien habría participado en labores privadas mientras desempeñaba un cargo público.

El magistrado sostuvo que “cualquiera de las personas que teniendo la capacidad de controlar las labores realizadas por las personas contratadas o designadas para funciones concretas vinculadas a un servicio público, y que lo conozca, por ser notorio y de dominio público, puede cometer, pudiendo evitarlo y no haciéndolo, esta modalidad de malversación”. González se convierte así en la quinta persona investigada, junto con Gómez, Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

El juez indicó que la Secretaría General debía ser “conocedora de los actos de carácter institucional sobradamente conocidos por su proyección mediática”, por lo que su falta de intervención podría implicar responsabilidad penal.

Informe de gastos

Además, pidió a Moncloa las agendas y pasaportes de Gómez y Álvarez para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil determine si los viajes y reuniones respondieron a actividades personales o institucionales.

También reclamó los correos electrónicos cruzados entre ambas, los registros de sus desplazamientos y datos salariales actualizados, junto con información sobre los asistentes asignados al cónyuge del presidente del Gobierno. Peinado exigió igualmente un informe detallado sobre los gastos sufragados con fondos públicos desde 2018, buscando verificar si se destinaron a fines personales.

El juez amplió el alcance de las diligencias para esclarecer las conexiones entre la labor institucional y las actividades privadas atribuidas a Gómez y su entorno más próximo. La decisión, que mantiene la tensión política, refuerza la línea de investigación sobre un posible uso irregular de recursos públicos en el ámbito de la Presidencia del Gobierno y evidencia que la instrucción entra en una fase clave con nuevas citaciones y requerimientos.

Peinado: “El presidente no aportó nada para esclarecer los hechos”

El juez Juan Carlos Peinado rechazó volver a citar como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro Félix Bolaños, al considerar sus comparecencias “inútiles, y por tanto, impertinentes”. En su auto, el magistrado recordó que Sánchez ya fue requerido durante la investigación y que “se acogió a la dispensa que le otorga el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” por su vínculo con la investigada Begoña Gómez. Añadió que el presidente “nada aportó para el esclarecimiento de los hechos” y que es “previsible que reiterara el mismo comportamiento”, mostrando “escasa o nula voluntad de colaborar con la Administración de Justicia”.

Respecto a Bolaños, Peinado señaló que su nueva citación también sería innecesaria, ya que “su testimonio de poco sirvió, con reticencias o evasivas” y no se espera que “cambiara en su posible posterior declaración”.

El juez, en cambio, sí acordó una nueva ronda de testificales para los días 12 y 28 de noviembre, con nombres como Diego de Alcázar, Miguel Escassi y Juan Carlos Doadrio, además de otras seis personas. También ordenó requerir a las empresas Minsait, Indra Business Consulting, Telefónica, Deloitte y Fademur que entreguen todos los correos, mensajes o comunicaciones en los que figure la asesora de Gómez “como emisora o destinataria, o simplemente en copia”, con el fin de ampliar la investigación sobre las conexiones entre sus actividades públicas y privadas.