La Audiencia Nacional archiva la investigación sobre el apagón al no haber indicios de sabotaje terrorista

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha archivado la investigación abierta a raíz del apagón eléctrico ocurrido en España y Portugal el pasado 28 de abril al no existir "un mínimo indicio" de que se tratase de un "sabotaje terrorista".

El magistrado tomó esta decisión tras recibir todos los informes técnicos solicitados con motivo del apagón. En ellos se descarta “de forma absoluta la existencia de indicios que permitan interferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático”.

La resolución, recogida por Europa Press, detalla que el informe encargado al Centro Criptológico Nacional concluía que "no ha aportado ningún dato o elemento que haga variar las conclusiones alcanzadas en el informe" en el "que se ponía en conocimiento la no identificación de acciones cibernéticas dañinas o evidencias relacionadas con un ciberataque, así como que no se encuentran indicios que apunten a un ciberataque de un grupo de cibercrimen, actores estado o grupos terroristas".

Otros documentos como el informe del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), también coincide, después de visitar cinco centros de control de las estaciones de general del sistema eléctrico, que no hubo ningún ciberataque contra las infraestructuras objeto de análisis.

Falta de recursos de control de tensión, la causa

En primer lugar, que el sistema mostraba una capacidad de control de tensión insuficiente debido, por un lado, a que el día anterior al incidente, el operador del sistema programó la actividad de 10 centrales síncronas con capacidad para regular tensión el día 28 de acuerdo con su consigna, siendo el número final de centrales acopladas el más bajo desde el inicio de año.

Y, por otro lado, a que varias de las centrales capaces de regular la tensión no respondieron adecuadamente a las consignas del Operador del Sistema para reducirla, e incluso alguna produjo energía reactiva, contribuyendo así a incrementar el problema.

En segundo lugar, apuntaba a que "se produjeron las oscilaciones" y, en tercero, a que se desconectaron centrales de generación, algunas de un modo aparentemente indebido.

"De esta manera concluye que faltaron recursos de control de tensión, bien porque no estaban programados en suficiencia, bien porque los que estaban programados no la proporcionaban adecuadamente, o bien por una combinación de ambos, pero no porque faltaran en el país, pues había un parque de generación más que suficiente para responder", señala.

Por tanto, concluye el magistrado, tras la práctica de las numerosas diligencias de investigación no se ha podido acreditar de forma mínima la existencia de un hecho con relevancia penal.