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Para garantizar el pago de los inmigrantes contrataba a sicarios en el país de origen encargados de ejecutar homicidios de familiares si no satisfacían la deuda contraída. Además, la red ofrecía la posibilidad de regularizar la situación mediante la concertación de matrimonios de conveniencia (5.000 euros por los trámites) y proporcionaban documentos de identidad, certificados de empadronamiento y contratos de trabajo falsos, por los que llegaban a pedir hasta 11.000 euros. La investigación policial se inició en el mes de abril de 2010, cuando se tuvo conocimiento de esta red.
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