Botella da 48 horas para que los basureros dejen la huelga

Un día más, asociaciones de vecinos y viandantes se han quejado de la presencia de desperdicios en las calles y han llegado a recalcar, como en el caso de la asociación La Corrala -zona de Embajadores- que por algunas zonas 'no se puede atravesar la calle'.

'La alcaldesa tiene que tomar ya cartas en el asunto para que el problema no sea ya de salubridad', expuso su portavoz. Las críticas a Botella, que ayer lansó su ultimátum a empresa y trabajadores, desde partidos políticos y sindicatos se recrudecieron e incluso llegaron al Congreso, donde el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte llegó a señalar que el Ayuntamiento tiene que 'presionar' a las empresas ante la 'deplorable' situación de las calles de la capital.

La Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas (Anecpla) indicó además que, pese a que ya empezaron a verse ratas y cucarachas alrededor de la basura en Madrid, su número no es muy significativo, por lo que por el momento su presencia no entraña riesgos para la salud pública. No obstante, la presidenta de la asociación, Santa Gil, advirtió de que si no se toman las medidas oportunas para 'cortar' a tiempo con una posible proliferación de estos animales puede aumentar el riesgo de plagas y, consecuentemente, de propagación de enfermedades y la alerta sanitaria.

En alusiones a las quejas, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, calificó la huelga de 'salvaje' y advirtió de que la ciudad 'no puede esperar más a que se pongan de acuerdo' las adjudicatarias y los representantes de los trabajadores, que convocaron los paros en el servicio de limpieza viaria y mantenimiento de jardines en protesta por la presentación de un ERE para más de 1.100 de los 6.000 trabajadores del sector.

Si no hay un acuerdo, avisó Botella, el Ayuntamiento trasladará a la Fiscalía que no se están cumpliendo los servicios mínimos y las consecuencias de ello, y a continuación encargará a la empresa pública Tragsa que se haga cargo del cumplimiento de los servicios mínimos, cuyo coste deberán asumir las adjudicatarias.