Los casos de corrupción que acechan a Pedro Sánchez

Los principales casos que están cercando políticamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no implican por ahora una imputación directa contra él, pero sí afectan a personas muy próximas de su entorno político, familiar e institucional. La acumulación de investigaciones se convirtió en el mayor desgaste de su mandato.

Caso Begoña Gómez

La esposa del presidente, Begoña Gómez, está investigada por presunto tráfico de influencias, malversación y relaciones irregulares con empresarios. Se investiga si utilizó su posición institucional para favorecer a determinadas empresas y proyectos privados vinculados a su entorno profesional. La causa está dirigida por el juez Juan Carlos Peinado y se centra en supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La investigación analiza especialmente relaciones con empresarios que recibieron contratos o ayudas públicas y posteriormente colaboraron con iniciativas impulsadas por Gómez. También se examina el uso de una cátedra universitaria y el desarrollo de software financiado parcialmente con recursos públicos. La Guardia Civil ha recopilado correos, contratos y documentación de universidades y empresas relacionadas con el caso.

Caso David Sánchez

El caso de David Sánchez investiga su contratación en la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades musicales. La jueza analiza si el puesto fue creado específicamente para él y si existieron irregularidades en el proceso de selección. La investigación se centra en posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias por parte de responsables políticos de la diputación. También se examinan sus funciones reales, su residencia fiscal y el nivel de actividad desempeñado en el cargo. El juicio al hermano de Pedro Sánchez y otros diez investigados, entre ellos el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, arranca mañana en la Audiencia Provincial de Badajoz, donde está previsto que se desarrolle hasta el 4 de junio.

Caso Mascarillas

Es el gran escándalo que desencadena la crisis actual del PSOE. La investigación nace por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. Los principales implicados son el exministro de Transportes exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama. La acusación sostiene que la trama consiguió adjudicaciones millonarias gracias a influencias políticas dentro del Ministerio de Transportes y otros organismos públicos durante la emergencia sanitaria. Se les atribuyen los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, falsedad documental, y uso de información privilegiada. Está pendiente de sentencia tras ser juzgados en el Tribunal Supremo.

Caso Santos Cerdán/Obras Públicas

El llamado caso de las obras públicas es una derivada del caso Koldo y se centra en presuntos amaños de adjudicaciones millonarias de infraestructuras durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que una red formada por Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán habría favorecido a determinadas constructoras a cambio de comisiones ilegales. Según los informes policiales, la constructora Acciona y otras empresas habrían obtenido contratos públicos mediante adjudicaciones presuntamente manipuladas. La UCO calcula que las mordidas investigadas superarían los 620.000 euros y señala a Cerdán como el supuesto “gestor” de esos pagos.

Los investigadores analizan varias obras en distintos puntos de España, entre ellas proyectos ferroviarios, carreteras y túneles, incluyendo adjudicaciones en Navarra, Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat. Una de las claves del caso es la empresa Servinabar, vinculada al empresario Antxón Alonso. La UCO sospecha que esta sociedad, relacionada presuntamente con Santos Cerdán, habría recibido un porcentaje de determinadas adjudicaciones obtenidas por Acciona. La investigación también se apoya en grabaciones y mensajes encontrados en dispositivos de Koldo García durante varios registros realizados por la UCO.

Caso Leire Díez

El caso Leire Díez investiga una presunta trama vinculada al entorno del PSOE para interferir en causas judiciales que afectaban al partido y al Gobierno. A la militante socialista se la investiga por supuestas maniobras para desacreditar jueces, fiscales y mandos de la UCO. El juez también considera como cabecilla de esta trama a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE tras Ábalos. Lo imputó por posibles pagos y coordinador de la trama. El caso también afecta a otros cargos socialistas como la actual gerente, Ana María Fuentes, o Gaspar Zarrías, que ya fue condenado en el caso de los ERE a nueve años de inhabilitación. El juez investiga en este caso los posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y obstrucción a la Justicia.

Caso Plus Ultra

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero está siendo investigado en el denominado caso Plus Ultra, centrado en el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia. La Audiencia Nacional analiza si existió una red de tráfico de influencias y posibles comisiones ilegales vinculadas a empresarios españoles y venezolanos. El juez investiga si Zapatero utilizó su peso político y sus contactos institucionales para favorecer determinadas operaciones empresariales relacionadas con la compañía aérea. La causa también examina posibles delitos de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal.

Parte de las pesquisas conecta movimientos financieros procedentes de Venezuela con sociedades y personas vinculadas al entorno del expresidente. Durante la investigación se han producido registros, análisis de cuentas bancarias y bloqueo de fondos sospechosos. La Fiscalía Anticorrupción considera que Plus Ultra pudo ser utilizada para canalizar dinero de origen presuntamente ilícito. Zapatero niega cualquier irregularidad y sostiene que su actuación fue legal y transparente. El caso continúa en fase de instrucción judicial y el expresidente del Gobierno está citado a declarar los días 17 y 18 de junio.