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REPARTO DE MENORES
Durante su intervención, la conselleira criticó la falta de diálogo, planificación y financiación por parte del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, de quien lamentó que “prefiera la intimidación al consenso” en una cuestión tan sensible como el cuidado de menores en situación de vulnerabilidad. Fabiola García censuró que, a día de hoy, ninguna Comunidad Autónoma sabe cuántos menores se van a trasladar, cuándo se hará ni cuáles son sus necesidades educativas, sanitarias o sociales.
Asimismo, denunció que el Gobierno central negoció esta medida “con sus socios”, pero “en contra de la mayoría de Comunidades Autónomas”, y rechazó que éstas tengan que asumir en solitario los costes de la acogida. En este sentido, alertó de que la red de protección de Galicia “está al máximo de su capacidad”.
La conselleira subrayó que Galicia es una Comunidad “solidaria” y “acogedora”, pero su sistema de protección tiene actualmente una “sobreocupación del 108 %”. “El Gobierno sabe muy bien que Galicia no tiene en estos momentos capacidad de acogimiento y capacidad residencial”, reafirmó sobre los planes de enviar a 317 jóvenes a la comunidad gallega.
El Gobierno de Ceuta formalizó ayer la solicitud de declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la ciudad autónoma. La Consejería de Presidencia y Gobernación del Ejecutivo liderado por Juan Vivas (PP), con las competencias del área de Menores, remitió la petición a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
La Ciudad cumplimentó así el trámite indispensable para el traslado a otras comunidades autónomas del país de los menores extranjeros no acompañados acogidos en sus recursos, que se encuentran saturados desde hace meses. Ceuta asiste a día de hoy a unos 520 menores, pese a contar con 27 plazas ordinarias, que pueden ampliarse a 132.
La declaración de contingencia migratoria extraordinaria puede solicitarse cuando un territorio verifique que el número de menores acogidos triplica el de las plazas que determinan su capacidad ordinaria.
El real decreto 743/2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado martes, fija la capacidad ordinaria de cada uno de los sistemas de protección y tutela de menores de las distintas comunidades. Una vez declarada la situación de contingencia migratoria, se activará el protocolo de traslados desde estos territorios a la Península. Está previsto que los repartos de los menores comiencen esta semana.
Por otra parte, el Consell de Govern autorizará hoy a la Abogacía de Baleares a interponer un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) contra el real decreto que establece el procedimiento del reparto de menores migrantes, aprobado el pasado 22 de julio. Este se convertirá en el segundo recurso judicial que Baleares interpone contra el mecanismo aprobado por el Gobierno central para trasladar a otros puntos de España a los niños y adolescentes migrantes que permanecen en Canarias.
El primero fue el recurso que, a la par que otras autonomías gobernadas por el PP y de Castilla-La Mancha (PSOE), presentaron ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la modificación de la ley de extranjería que posibilita el reparto.
La presidenta Marga Prohens dijo la semana pasada que recurrirían el real decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes de cada comunidad autónoma -en el caso de Baleares es de 406 plazas-. En cualquier caso, la intención de la ofensiva judicial del Govern es conseguir que el Tribunal Supremo suspenda de forma cautelar la llegada de los 49 menores migrantes que previsiblemente tendrá que acoger Baleares según el reparto establecido.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, volvió a apelar ayer al “sentido común” y pidió a las comunidades autónomas que “no obstaculicen” el cumplimiento de la ley y la derivación de los menores migrantes no acompañados.
En declaraciones a los periodistas con motivo de una visita al barco de la ONG Open Arms, que atracó en Tenerife, dijo no obstante que su Ejecutivo está “convencido” de la “solvencia jurídica” de los decretos y de las modificaciones normativas. Indicó también que “no puede ser” que 5.000 menores sean “un problema” para un país de 50 millones de habitantes cuando además se ve que “España está ardiendo precisamente porque hay un proceso de abandono y se necesita a la migración para poder “sostener” el estado de bienestar.
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