La Comisión Europea dictamina que el TJUE es "manifiestamente incompetente" para pronunciarse sobre el caso de los ERE

La Comisión Europea (CE) ha solicitado la inadmisión a trámite de la petición de la Audiencia Provincial de Sevilla de elevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular sus condenas a una decena de inculpados por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, como los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Considera la Comisión que el TJUE es "manifiestamente incompetente" para responder a las cuestiones planteadas por la Audiencia hispalense.

El escrito de alegaciones elaborado por la CE considera que las cuestiones prejudiciales son inadmisibles y asevera que se abstendrá de presentar observaciones sobre el fondo del asunto. Así, indica que el Tribunal de Justicia ha declarado que no es competente para pronunciarse sobre un asunto en el que resulta evidente que la disposición del Derecho de la Unión sometida a su interpretación no es aplicable al caso principal o no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión.

“Como la fuente de financiación parece ser el presupuesto de la Comunidad Autónoma y no existe financiación con cargo al presupuesto de la Unión, el asunto principal no entra en el ámbito de aplicación material del artículo 325 TFUE ni en el de las disposiciones de Derecho derivado sobre la protección de los intereses financieros de la Unión mencionadas en las cuestiones prejudiciales. Por ello, esas disposiciones son simplemente inaplicables”, ha expresado.

Al detalle, el escrito sostiene que la interpretación solicitada de esas normas del Derecho de la Unión no tiene relación con la realidad o el objeto del litigio principal. Además, subraya que no se demuestra ni se alega que los fondos afectados provengan del presupuesto de la Unión Europea.

“En las sentencias de la Audiencia Provincial, del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional no existe referencia a la financiación de la Unión en relación con el programa controvertido”, añade.

La Comisión Europea expone que la Audiencia hispalense habría argumentado que, dada la estrecha relación entre los presupuestos nacionales y el de la UE, la posible apropiación indebida de fondos públicos podría afectar indirectamente a los intereses financieros de la Unión, pero considera que ello no justifica la admisibilidad de la cuestión prejudicial.

“A falta de un vínculo suficientemente directo con el presupuesto de la Unión, las cuestiones resultan puramente hipotéticas”, concluye, al tiempo que recuerda que, si en otros asuntos surgiera una conexión real con fondos europeos, podría plantearse una nueva cuestión prejudicial.

La Audiencia de Sevilla acordó el pasado mes de julio elevar una cuestión prejudicial ante el TJUE en relación con el mandato de dictar nuevas sentencias tras la anulación de condenas por parte del Tribunal Constitucional, con el objetivo de evitar un riesgo sistémico de impunidad futura en casos similares y salvaguardar los intereses financieros de la Unión Europea.

Previamente, la Audiencia había solicitado a las partes que informaran sobre si el Tribunal Constitucional se había extralimitado con una interpretación de la prevaricación y la malversación, así como sobre si su doctrina vulneraba las exigencias internacionales en materia de lucha contra la corrupción y sobre la posibilidad de no aplicar las sentencias anulatorias.

El año pasado, el Tribunal Constitucional declaró que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo habrían incurrido en una interpretación “extravagante e imprevisible” de los elementos del delito de prevaricación, vulnerando el derecho fundamental a la legalidad penal recogido en el artículo 25 de la Constitución Española.

Posteriormente, la Audiencia de Sevilla decidió suspender la tramitación de la emisión de nuevas sentencias ordenadas por el TC, alegando dudas sobre su adecuación al Derecho europeo y la jurisprudencia del TJUE, y con el fin de evitar un posible riesgo sistémico de impunidad futura y salvaguardar los intereses financieros de la Unión Europea.