El Congreso tumba el impuesto de las energéticas con el apoyo de PP, PNV y Junts

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves por mayoría absoluta la derogación del artículo legal en el que se basa el gravamen temporal a las empresas energéticas que se viene prorrogando desde 2023.

Se trata de una enmienda a la reforma fiscal que el PP introdujo en el Senado con su mayoría absoluta y que ahora se ha ratificado en el Congreso con apoyo de Junts y del PNV, que ya no quieren prorrogar el gravamen.

En concreto, la medida establece la derogación del artículo que regula la tasa en la ley por la que se crearon los gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros y de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.

Tanto el portavoz del PNV, Aitor Esteban, como la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, han confirmado en los pasillos del Congreso que sus formaciones no apoyan esta figura del gravamen porque puede poner en riesgo inversiones en la industria energética y, en el caso de los vascos, porque su configuración actual de prestación de carácter no tributario impide a las haciendas forales recaudarla.

La derogación impediría cumplir su compromiso con ERC, Bildu y BNG de prorrogar el gravamen, pero el Gobierno piensa aprovechar el Consejo de Ministros del próximo lunes, el último del año, para aprobar el decreto ley prometido con el fin de que entre en vigor antes de que la reforma votada este jueves se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entre en vigor la supresión de su base legal

Ley de Eficiencia

El Pleno del Congreso ha dado luz verde definitiva a la Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia al levantar por mayoría absoluta el veto que aprobó el PP en el Senado y una vez que Podemos ha retirado su amenaza de tumbarla.

Para levantar el veto impuesto por el Senado se necesitaba mayoría absoluta en el Pleno del Congreso (176 votos), pero el pasado martes Podemos aseguró que sus cuatro diputados no pensaban ayudar a esa tarea como rechazo a la enmienda que se introdujo a instancias del PNV para agilizar los desahucios en casos de ocupación por allanamiento de morada.

Pero este jueves, el ultimátum de Podemos se disipó y el Gobierno recabó el apoyo de 177 diputados para levantar el veto del Senado y dar luz verde definitiva a la ley de Justicia que salió del Congreso. A cambios de su apoyo, los morados aseguran haber recibido una serie de contrapartidas, entre ellas el compromiso del Gobierno de dejar en suspenso esa modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que `coló` el PNV aprovechando el error de Bildu y ERC.

Tras la votación, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha mostrado "muy contento" por la aprobación de lo que a su juicio es la "gran transformación" de la justicia y cree que de esta manera se sientan las bases para un sistema judicial del siglo XXI con "más flexibilidad", cargas de trabajo "más racionables" o "más facilidades" para contratar, entre otras cosas. "Hoy hemos dado un paso gigante", ha incidido el dirigente socialista.

Y otra procesal, para agilizar la carga de juzgados y tribunales que incluye los llamados medios alternativos de solución de controversias (MASC) en vía no jurisdiccional en los ámbitos civil y mercantil, como la mediación y el arbitraje para tratar de evitar la sobrecarga de juzgados y tribunales.