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La agencia, dirigida por Isidro García González, quien reconoce ser militante socialista, ha presentado una demanda en un juzgado de Madrid en la que solicita que cada uno de los demandados pague 100.000 euros en concepto de indemnización por la supuesta intromisión ilegítima en el honor de sus responsables.
Además quiere que los demandados se encarguen de publicar la sentencia condenatoria en cada uno de los medios que se hizo eco de sus acusaciones.
Los hechos se remontan a los primeros meses de 2011, cuando Cospedal dirigía el PP regional, pero aún no era presidenta de la Junta, Cañizares era portavoz municipal en Ciudad Real y Romero, como ahora, alcaldesa de esa ciudad.
Los tres dirigentes políticos hicieron diferentes manifestaciones públicas en las que acusaban al PSOE de haber contratado a esta empresa para espiar a cargos populares.
Según la demanda, esas acusaciones no pudieron ser acreditadas, pues eran 'falsas', pero causaron 'un grave perjuicio' en el plano económico, profesional y de menoscabo de su imagen a la agencia de detectives.
Asimismo, recuerda que Cospedal no se retractó de las declaraciones cuando se le ofreció esa posibilidad en un acto de conciliación.
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