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A TRES DÍAS DE SER OBLIGATORIAS
A solo tres días de que el uso de la baliza V16 sea obligatorio en las carreteras españolas ante cualquier percance, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha generado desconcierto y polémica al anunciar la retirada de la homologación de cuatro modelos que hasta ahora podían comercializarse legalmente. Una decisión de última hora que vuelve a sembrar confusión entre los conductores, en los comercios que la venden y también en todos aquellos que las habían adquirido para hacer un regalo en estos días festivos. Un anuncio que se conoce a tan solo unos días de su cuando la ciudadanía se preparaba para cumplir la normativa.
Las balizas afectadas pertenecen a las marcas Don Feliz, The Boutique For Your Car, Ikrea y al modelo de fabricación española Call SOS. Según ha comunicado la propia DGT, la retirada se debe exclusivamente a la caducidad de los certificados administrativos y no a fallos técnicos, un matiz que no ha restado desconcierto.
La medida llega en un contexto especialmente delicado puesto que, durante los últimos meses, la venta de balizas V16 se ha disparado impulsada por campañas informativas y por la insistencia institucional en abandonar definitivamente los triángulos de emergencia. Diversas fuentes del sector coinciden en que una amplia mayoría de conductores estaba dispuesta a adoptar el nuevo sistema, confiando en que los dispositivos disponibles cumplían con la normativa exigida.
Pese a la retirada de la homologación, la DGT aclara que los dispositivos ya adquiridos podrán seguir utilizándose a partir del 1 de enero de 2026, ya que cumplen los requisitos técnicos de seguridad. Sin embargo, la contradicción es evidente: se retira del mercado un producto que Tráfico reconoce como técnicamente válido, únicamente por un trámite administrativo no renovado a tiempo.
Desde Facua, la asociación de consumidores, se insiste en que las balizas compradas antes de perder su vigencia son seguras y aptas para sustituir a los tradicionales triángulos, reforzando la sensación de que la decisión llega tarde y mal.
Una vez más, la gestión de los plazos y la comunicación institucional vuelven a estar en el centro del debate, con miles de conductores preguntándose cómo es posible que una medida obligatoria arranque envuelta en incertidumbre a tan solo 72 horas de su aplicación.
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