España confía en que la Unión Europea reconozca el gallego como lengua oficial antes de nuevas ampliaciones

España confía en que los 27 Estados miembros de la Unión Europea avalen la oficialidad del gallego, el catalán y el euskera antes de que se produzcan nuevas ampliaciones del bloque. El Gobierno volverá a llevar la cuestión al Consejo de Asuntos Generales del próximo 22 de septiembre, aunque no está previsto que se produzca una decisión formal.

El secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, defendió que las tres lenguas cooficiales españolas deberían incorporarse al régimen lingüístico comunitario antes de la entrada de nuevos países. Albania y Montenegro son actualmente los candidatos más avanzados en el proceso de adhesión.

España considera que no tiene sentido que la UE se prepare para incorporar nuevas lenguas con futuras ampliaciones mientras el gallego, el catalán y el euskera, lenguas oficiales de un Estado miembro desde hace décadas, continúan fuera del régimen de oficialidad comunitaria.

Una cuestión pendiente desde 2023

El Gobierno español presentó formalmente la petición en agosto de 2023 y la llevó en varias ocasiones al Consejo durante la presidencia española de la UE. Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo la necesidad de alcanzar un acuerdo unánime entre los Veintisiete.

Varios países han mostrado reservas, especialmente por cuestiones jurídicas y por el coste que supondría ampliar el régimen lingüístico. La Comisión Europea ha estimado que el gasto adicional podría rondar los 132 millones de euros anuales.

Alemania es uno de los países que mantiene más dudas y considera que podría ser necesario modificar los tratados europeos para dar encaje jurídico a la propuesta. España ha mantenido conversaciones bilaterales con Berlín para intentar desbloquear la situación.

El Ejecutivo sostiene que unos 20 millones de europeos utilizan alguna de estas tres lenguas y recuerda que ya están reconocidas como oficiales en España, además de emplearse en instituciones como el Congreso y el Senado.

Sampedro se mostró convencido de que la cuestión podrá resolverse mucho antes de las próximas ampliaciones y desvinculó la reivindicación española de cualquier intención de bloquear la entrada de nuevos Estados en la Unión Europea.