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REQUISITOS
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se abrió a negociar con el PSOE la renovación del Tribunal Constitucional con requisitos que garanticen su independencia. Sin embargo, considera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quiere continuar “controlando” este tribunal y “prolongar el mandato” del presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, a pesar de que caducará el próximo mes de diciembre.
Feijóo achacó esa intención a Sánchez porque “el Tribunal Constitucional está actuando por primera vez también de tribunal de casación del Tribunal Supremo y dejado sin efecto sentencias como es el caso de los ERE de Andalucía”. Y avisó de que así, “por primera vez en la historia”, se dio el “precedente preocupante” de que los jueces españoles acudieron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra las decisiones del Constitucional. “El PSOE controla el Tribunal Constitucional y el objetivo del señor Sánchez es seguir controlándolo, no tiene otro objetivo”, resaltó.
Así se pronunció el jefe de la oposición al ser preguntado por la renovación de los cuatro magistrados del TC cuyos mandatos caducarán a finales de año: el propio Conde-Pumpido, la magistrada del bloque progresista María Luisa Balaguer y los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez y José María Macías. Sus sustitutos los tiene que nombrar el Senado, donde los “populares” tienen mayoría absoluta, pero insuficiente para hacer los nombramientos en solitario, ya que se requiere una mayoría de tres quintos.
Preguntado si el PP va a pactar con el PSOE esa renovación parcial, Feijóo lo condicionó a que se cumplan “requisitos” como que los elegidos sean “personas excluidas del ámbito político en los últimos cinco años”. “Ahora bien, no soy optimista. Porque una cosa es que cumpla el mandato y otra cosa es que lo quieren renovar. Y el PSOE no ha dejado ni siquiera que los que les corresponde al Partido Popular pudieran ser nombrados, lo estuvieron vetando”, indicó. Entre esos requisitos mencionó que no pueda ser elegido alguien que hubiera tenido actividad política en los últimos cinco años y que haya mayorías reforzadas de 13 votos para hacer nombramientos. “Y con esas dos cuestiones yo pacté”, recalcó.
Para Feijóo, “este Tribunal Constitucional”, de mayoría progresista, “no ha acreditado independencia” y “ha tenido enfrentamientos impropios con el Tribunal Supremo”, lo que “no tiene ningún sentido”. “No tiene ningún sentido que un ministro del Gobierno del señor Sánchez, una asesora del señor Bolaños en Moncloa y un exfiscal general del Estado estén en el Tribunal Constitucional de nuestro país”, reprochó, en alusión a Conde-Pumpido y los también magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez. Una situación que, si gobierna el PP, “no será posible”: “Porque la autolimitación a la que nos vamos a someter acredita la exclusión de la actividad política de los últimos cinco años y la acreditación de la independencia y de la formación”.
Respecto al procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Feijóo incidió en que “aquel que persigue delitos no puede estar acusado de haberlos cometido”. “Y esta es la situación inédita en España”, lamentó.
Feijóo expresó que, con el Estatuto del Ministerio Fiscal en la mano, el Gobierno tiene suficiente apoyo legal para cesar al fiscal general, antes de señalar que si llega a Moncloa, el próximo jefe de la Fiscalía “tendrá que tener una serie de limitaciones”. Al respecto, el dirigente puso como requisitos no haber tenido “ningún tipo de relación en los últimos cinco años con ningún cargo político” y contar con el “visto bueno” del CGPJ. Feijóo se comprometió a “no nombrar a ningún político en la Fiscalía General del Estado” y a someterse “al veredicto del Consejo General del Poder Judicial para acreditar su idoneidad”.
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