Garzón dice que la reforma de la justicia universal es inconstitucional

Baltasar Garzón, que en su día aplicó la justicia universal en casos como los de las dictaduras argentina y chilena, ha realizado estas reflexiones durante un seminario organizado por La Izquierda Plural, celebrado en el Congreso de los Diputados tres días después de la entrada en vigor de la ley que limita en España la aplicación de esta jurisdicción.

Garzón, actualmente presidente de la Fundación Internacional Pro Derechos Humanos y Jurisdicción Universal, ha animado a todos los jueces españoles a que hagan lo mismo que hizo ayer el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que rechazó archivar el caso por la muerte del cámara de televisión José Couso en la guerra de Irak a pesar de estar ya en vigor la nueva norma.

A juicio de Garzón se trata de una reforma aprobada "ad hoc" a modo de "ley excepcional" ya que dispone que hay que cerrar los casos que ya están investigando los jueces, lo que supone "una interferencia y una usurpación que castiga el Código Penal".

Ha explicado que este Código contiene un precepto que castiga a las autoridades que dicten disposiciones generales para la privación de derechos que no son de su competencia.

"No tiene por qué salir esto gratis", ha dicho Baltasar Garzón, quien ha insistido que puede existir "responsabilidad de quienes conscientemente han votado una norma que dice que hay que suprimir a los jueces, que son los únicos que pueden archivar los casos abiertos y no los diputados del PP".

Baltasar Garzón no descarta que algún país pueda demandar a España ante la Corte Internacional por incumplimiento de convenios ratificados que obligan a la aplicación de la jurisdicción universal y ha mantenido que hay que intentar anular esta reforma en todas las instancias y si es necesario llegar incluso al Tribunal Europeo de Derecho Humanos y a la ONU.

Para el exjuez se trata de "una de las mayores agresiones legales en España a las víctimas, que son las grandes olvidadas y marginadas", por lo que ve también necesaria una movilización ciudadana contra esta ley, que "potencia la impunidad" en aras a intereses de algunos países.

En este sentido se ha preguntado si China va a investigar el "genocidio tibetano".

Pero ha aclarado que la reforma no solo favorece la impunidad de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, sino también otros de diversa índole hasta el punto de que un juez ya ha tenido que archivar una causa de abusos sexuales de hermanos españoles en el extranjero al estar fuera de España.

Otro ejemplo que ha puesto Garzón es que España ya no puede perseguir con la nueva norma a un hipotético responsable de Al Qaeda que dirija la organización y ordene un atentado en territorio español por el hecho de que se encuentre fuera del mismo.

Por todo ello, anima a los jueces a mantener abiertos los casos de justicia universal aunque teme que la Fiscalía recurrirá la decisión que adoptó ayer el instructor del caso Couso.

Por su parte, el portavoz de La Izquierda Plural en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha explicado que la reforma es "un golpe de mano" a la justicia universal, que supone su "derogación" en el ordenamiento nacional ya que para su aplicación se exige "que víctimas y victimarios sean españoles, residan en España y no tengan órdenes de extradición".

Tanto Llamazares como Manuel Ollé, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que también ha participado en el acto, han coincidido en que en esta reforma han primado los intereses económicos y que el detonante han sido las órdenes dictadas contra exdirigentes chinos por el caso Tíbet.