El Gobierno aprueba la condonación de deuda de las CCAA con Andalucía y Cataluña como grandes beneficiadas

El Consejo de Ministros aprueba este martes el proyecto de ley impulsado por Hacienda para asumir hasta 83.252 millones de euros de deuda autonómica. Andalucía y Cataluña se llevarían las mayores partidas, con 18.791 y 17.104 millones, respectivamente. Tras estas comunidades destacan la Comunidad Valenciana (11.210 millones), Madrid (8.644), Castilla-La Mancha (4.927) y Galicia (4.010). Euskadi y Navarra quedan fuera por su régimen foral, aunque reclaman compensaciones.

La medida se inspira en el pacto entre PSOE y ERC para condonar parte de la deuda catalana y puede aplicarse al resto de autonomías que lo soliciten. Hacienda definió en febrero la metodología, aunque la decisión final corresponde a cada gobierno regional. El texto será remitido al Parlamento tras su aprobación, aunque algunos socios, como Junts, cuestionan que la condonación se extienda a todas las comunidades.

Metodología de la condonación

El plan se articula en tres fases:

1. Cálculo del diferencial de deuda entre 2009-2013 y 2019-2023, con una condonación media del 19%.
2. Ajuste adicional para las comunidades que queden por debajo de esa media.
3. Dos correcciones finales: equiparar la condonación por habitante a la de la Comunidad Valenciana y conceder un extra a quienes subieron el IRPF entre 2010 y 2022, del 10% si superaron la media y del 5% si fue inferior.

Rechazo del PP

El PP ha mostrado su oposición, con el secretario general, Miguel Tellado, asegurando que los presidentes autonómicos del partido se opondrán a la medida, que califican de “irresponsable” y destinada a pagar favores al independentismo. Tellado advierte que “la deuda no desaparece, solo cambia de bolsillo” y critica que el Gobierno use la condonación con fines electorales, señalando que el verdadero problema sigue siendo la financiación autonómica y los recursos para servicios públicos.

Asimismo, el PP cuestiona otros acuerdos del Ejecutivo, como el Pacto de Estado por la emergencia climática, acusando a Sánchez de priorizar a los socios independentistas.