MULTA E INHABILITACIÓN
El Gobierno concede el indulto parcial a Laura Borràs y rebaja su pena de prisión a dos años
MULTA E INHABILITACIÓN
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el indulto parcial a la expresidenta de Junts y del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, una medida que reduce su pena de prisión de cuatro años, seis meses y un día a dos años. El resto de la condena, que incluye la multa y la inhabilitación, se mantiene sin cambios.
Según informó el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el indulto se concede en los mismos términos planteados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que fue el órgano encargado de condenar a Borràs y que ya consideró en su sentencia que la pena de prisión resultaba "desproporcionada y excesiva".
Con esta decisión, el Ejecutivo evita que la expresidenta del Parlament tenga que cumplir la pena inicial de prisión, aunque seguirá vigente el resto de las sanciones impuestas.
Laura Borràs fue condenada por el TSJC por delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental relacionados con su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La sentencia fue confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo, que ratificó la condena de cuatro años y medio de cárcel.
La causa judicial se centró en el fraccionamiento de contratos menores para adjudicar trabajos de desarrollo del portal web de la institución entre 2013 y 2018, evitando así el procedimiento ordinario de contratación pública.
Además de la pena de prisión, la condena incluía una multa y una inhabilitación, que continúan vigentes tras la concesión del indulto parcial.
El Ejecutivo ha justificado la medida de gracia atendiendo a la propuesta formulada por el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que al dictar sentencia ya solicitó la concesión de un indulto parcial al considerar excesiva la pena de cárcel impuesta.
La petición permanecía pendiente desde hacía más de un año. La Fiscalía se había pronunciado en contra de conceder el indulto, pero finalmente el Ministerio de Justicia elevó la propuesta al Consejo de Ministros, que este martes dio luz verde a la medida.
Borràs siempre ha defendido que el procedimiento judicial respondía a una persecución política, mientras que los tribunales sostuvieron que los hechos juzgados estaban relacionados con irregularidades en la contratación pública durante su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes.
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