Hacienda atribuye a Aldama un fraude de casi 2,5 millones

La Agencia Tributaria aprecia “indicios de la comisión de un posible delito contra la Hacienda Pública” por parte del empresario Víctor de Aldama por un importe cercano a 2,5 millones de euros en la venta de mascarillas durante la pandemia, según un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. En concreto, cifra la cuota presuntamente defraudada en 2.410.748,95 euros, “siendo la cuota exigible 1.624.308,20 euros, al deducir las cantidades ingresadas en concepto de Impuesto de Sociedades en 2020”.

El documento atribuye a Aldama un “papel relevante” en el negocio de las mascarillas y señala que “resultó esencial para la consecución de los contratos debido a su proximidad y contactos con el sector público”, añadiendo que “su labor de intermediación ha quedado corroborada por la ingente cantidad de correspondencia electrónica existente en la causa”. También apunta a Juan Carlos Cueto, quien “facilitó la financiación y ejerció gran parte de la dirección del negocio” a través de sus sociedades, ejerciendo el “control efectivo” de la empresa Soluciones de Gestión, que habría utilizado para obtener contratación pública.

Además, sobre esta empresa, la Agencia Tributaria señala que “utilizó Soluciones de Gestión para obtener la contratación pública” pese a que Cueto no figurara como administrador ni socio. Asimismo, detecta otro posible delito fiscal al haber minorado la cuota a declarar mediante bases imponibles negativas “no ajustadas a la realidad de la empresa”. Según el informe, en el ejercicio de 2019 la compañía ya era conocedora del beneficio que le reportarían los contratos públicos adjudicados. En esa declaración generó una base imponible de 800.000 euros “originada por el deterioro de un crédito con garantía frente a una sociedad relacionada”. Dicha cantidad fue “compensada de manera falaz en 2020 para reducir la carga impositiva”, lo que habría permitido minorar los beneficios declarados.

Hacienda apunta a Cueto como “el principal interesado en esta minoración de la base imponible”. Finalmente, considera que estas operaciones constituyeron una “acción preparatoria utilizada para minorar los beneficios” de la empresa en 2020, con un presunto fraude adicional de unos 200.000 euros en el Impuesto de Sociedades, en el marco de la investigación del denominado caso Koldo.