El juez abre juicio oral contra BBVA y su expresidente Francisco González por los encargos al comisario Villarejo
entre 2004 y 2016
La Audiencia Nacional envía al banquillo a la entidad financiera, a su expresidente y a otros 14 acusados por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y organización criminal vinculados a los trabajos realizados por José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016.
El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha acordado la apertura de juicio oral contra BBVA, su expresidente Francisco González y otras 14 personas por una serie de presuntos encargos ilegales realizados al excomisario José Manuel Villarejo entre los años 2004 y 2016.
Según el auto judicial, el magistrado envía a juicio a la entidad bancaria por supuestos delitos de cohecho y por otros 52 presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos relacionados con las actividades desarrolladas por Villarejo durante ese periodo.
En el caso de Francisco González, expresidente del BBVA, deberá responder por supuestos delitos de cohecho activo y pasivo, 42 presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, pertenencia a grupo criminal, administración desleal y falsedad documental.
La resolución también afecta a varios exdirectivos de la entidad financiera y a antiguos mandos policiales presuntamente vinculados a la trama investigada durante los últimos años por la Audiencia Nacional.
Además, el juez ha fijado una fianza conjunta de 1,17 millones de euros para garantizar las posibles responsabilidades civiles derivadas del procedimiento. El auto advierte de que, en caso de no depositarse dicha cantidad en el plazo de tres días, se procederá al embargo de bienes de los acusados.
Con la apertura de juicio oral, la causa entra en una nueva fase procesal. Los abogados de los investigados dispondrán ahora de un plazo de diez días para presentar sus escritos de defensa y proponer las pruebas que consideren oportunas de cara a la celebración del juicio.
El denominado caso Villarejo-BBVA investiga la contratación de los servicios del excomisario para la realización de trabajos de inteligencia y obtención de información durante más de una década, una de las piezas judiciales más relevantes derivadas de las actividades privadas desarrolladas por el antiguo mando policial.
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