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CORRUPCIÓN EN EL PSOE
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña acordó este sábado dejar en libertad con medidas cautelares a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, investigados por presuntas irregularidades en contratos públicos.
Fuentes jurídicas confirmaron que el juez les impuso como medidas cautelares retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial. Son las medidas que solicitó la fiscal de Anticorrupción Elisa Lamelas y, al no haber ninguna otra parte de momento en la causa, el juez no podía acordar prisión para ninguno de ellos, que salieron por su propio pie de la AN sobre las 13.42 horas. Los tres detenidos llegaron en furgón policial a la Audiencia Nacional a las 08.30 horas de ayer. El magistrado, por su parte, comenzó a tomarles declaración a las 10.00 horas.
Díez, Fernández y Alonso fueron arrestados este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a raíz de sendas órdenes de detención del juez, que mantiene las pesquisas bajo secreto de sumario. La causa fue impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en ella se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
La exmilitante del PSOE también figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, por presuntamente ofrecer favores a cambio de información sobre miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción. El juez Arturo Zamarriego considera que la exconcejal socialista “lidera” una “actuación delictiva, continuada y coordinada” para “recabar información comprometida o irregular” con el fin de “anular o malbaratar” investigaciones en “casos relevantes que afectan a varios políticos y empresarios”.
El instructor ordenó 24 registros y requerimientos de información en Madrid, Sevilla y Zaragoza relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil que -según las pesquisas de la UCO- está vinculada a Cerdán. Los agentes registraron las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza. Asimismo, se personaron en la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa para requerir información. También se personaron para solicitar documentación en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, que precisó que la Guardia Civil acudió a su sede para reclamar dos expedientes que fueron facilitados a los uniformados. Además de ellos tres, en la causa se encuentra investigado el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga.
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