Luz verde a la investigación de la pareja de Ayuso, González Amador, por dos nuevos delitos

La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado la pieza separada abierta por la jueza Inmaculada Iglesias para investigar si Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, podría haber incurrido en la comisión de delitos adicionales a los ya investigados en la causa principal, relacionada con un presunto fraude fiscal.

Este respaldo judicial se refleja en un auto dictado este lunes, al que tuvo acceso Europa Press, en el que los magistrados desestiman el recurso de apelación interpuesto por los abogados de González Amador. Estos habían impugnado el auto mediante el cual el Juzgado número 19 de Madrid abrió la pieza separada para investigar otros posibles delitos.

González Amador, quien compareció el pasado lunes ante la jueza como investigado en la causa principal, se acogió a su derecho a no declarar por consejo de sus abogados hasta que se resolviera el recurso, ya que este afectaba a la causa principal, que se instruye por presuntos delitos fiscales.

Una semana después, los magistrados estiman que, en este momento procesal, es procedente continuar con la investigación para esclarecer si los hechos relacionados con la pieza separada pueden constituir una infracción penal. Los jueces señalaron que las operaciones económicas y jurídicas realizadas podrán o no tener el alcance que se ha indicado, pero que la conclusión final debe alcanzarse tras la correspondiente investigación.

La jueza Inmaculada Iglesias decidió, en octubre pasado, abrir una investigación separada del procedimiento principal por un supuesto uso indebido de una sociedad instrumental para ocultar unos ingresos del Grupo Quirón, que debieron haber sido declarados. Esta decisión vino tras estimar parcialmente un recurso de reforma interpuesto por el PSOE y Más Madrid, quienes ejercen la acusación popular, contra un auto anterior en el que la jueza denegó las diligencias solicitadas por esta parte.

Posibles nuevos delitos investigados

La pieza separada fue abierta para investigar la posible comisión de nuevos delitos relacionados con el uso de la sociedad instrumental Masterman S.L., mediante la cesión parcial de un contrato de servicios entre Maxwell Cremona S.L., empresa de Alberto González Amador, y su cliente Quirón Prevención S.L..

La resolución judicial se centra en analizar si los hechos relacionados con la utilización de esta sociedad interpuesta para ocultar ingresos de Maxwell Cremona S.L., que debían haber sido declarados, pueden constituir otros delitos que deben ser investigados.

La acusación popular considera que detrás de esta operación podría existir una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado, o incluso un delito de corrupción en los negocios, dada la cuantía pagada, cercana a los 500.000 euros, por las participaciones de Masterman S.L., que en ese momento pertenecían a la esposa del presidente de Quirón Prevención.

Los acusadores entienden que esta cantidad podría haber sido una contraprestación derivada de la adjudicación de contratos a Maxwell Cremona y Masterman S.L. por parte de Quirón Prevención o bien por una operación interpuesta por Maxwell, relacionada con la adquisición de productos sanitarios por parte de MAPE Asesores. En este contexto, se señala que Maxwell Cremona facturó a diversas empresas por un total de 2.021.900 euros en 2020.