Montoro se servía de Hacienda para atemorizar a periodistas

TRAMA SOCIETARIA

El juez también investiga si el exministro del PP creó una trama societaria para desviar fondos

El exministro de Hacienda y Función Pública Cristóbal Ricardo Montoro
El exministro de Hacienda y Función Pública Cristóbal Ricardo Montoro | Ricardo Rubio

El jefe de investigación del periódico ABC, Javier Chicote, fue uno de los perseguidos por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. “Hacienda me investigó a mí y a toda mi familia”, explicó Chicote en el diario, seis años después de las exclusivas que publicó sobre el uso del cargo del ministro para favorecer a empresas del sector gasístico y acceder a información reservada de políticos y famosos. No fue el único, otro de los que han alzado la voz es el periodista de Onda Cero, Carlos Alsina. Montoro llegó a decirle: “Yo decido el IVA del libro digital y no creo que a los accionistas de tu grupo le guste que lo suba, tenlo presente”, señaló Montoro, según el relato de Alsina. La cadena es propiedad del grupo Planeta, una de las principales editoriales del país.

Montoro también habría recibido correos con información sensible sobre políticos como Rodrigo Rato, Esperanza Aguirre, y casos como Gürtel o Pujol, además de inspecciones fiscales a Rafa Nadal y Aguirre. La Fiscalía confirma que la dirección de correo aromero@minhap.es, atribuida a Montoro, recibía datos protegidos y se usaba para influir en decisiones públicas. También detectaron “roces” entre Montoro y el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, porque la reforma de Soria “perjudicaba los intereses de empresas” vinculadas a Montoro.

Ahora el juez investiga si el bufete de Montoro creó un “entramado societario” para desviar fondos. Anticorrupción pidió al magistrado el pasado mes de junio que apremiara a la Guardia Civil a analizar las cuentas bancarias de estas sociedades para poder “progresar en la investigación”, revela El Mundo.

En el caso gasístico, empresas contrataron al equipo económico ligado a Montoro para lograr beneficios fiscales tras fallidos intentos previos. La Fiscalía señala que esa sociedad servía para introducir reformas legislativas a favor de quienes pagaban por ello.

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