Los periodistas, testigos clave en el juicio del fiscal general

La cuarta jornada del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador -pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-, tuvo como protagonistas ayer en el Tribunal Supremo (TS) a periodistas de la Cadena Ser y de El País, que negaron ante el tribunal que la fuente que les suministró la información fuera el jefe del Ministerio Público.

Se trata de dos testigos clave. García Ortiz está acusado, precisamente, de haber filtrado la noche del 13 de marzo de 2024 al periodista de la Cadena Ser un correo del 2 de febrero de ese año del abogado de González Amador, Carlos Neira, a la Fiscalía ofreciéndose a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto para evitar la cárcel. Ambos profesionales participaron en unos interrogatorios particularmente tensos, sobre todo con la acusación particular que ejerce Gabriel Rodríguez Ramos en representación de González Amador.

El redactor de la radio comenzó argumentando que “una fuente no es el primero que pasa por ahí”, poniendo de relieve que “se pueden tardar meses, si no años, en conseguir una”. Mientras el redactor explicaba, el abogado miraba al presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta. “En ningún momento”, respondió el periodista cuando la acusación le preguntó si alguna vez habló por teléfono o WhatsApp con García Ortiz. Por contra, detalló que conoció el contenido del email la mañana de ese 13 de marzo, antes de la hora en la que consta en la causa que lo recibió el fiscal general.

Interrogatorio bronco

Por su parte, el exsubdirector de El País y actualmente director adjunto de eldiario.es vivió uno de los interrogatorios más broncos de las cuatro sesiones celebradas hasta ahora de este juicio. El periodista y el abogado se interrumpían continuamente.

Según mantuvo el periodista, obtuvo la información “antes” que García Ortiz y reiteró que el fiscal general no fue su fuente de información. Rodríguez Ramos le preguntó por la identidad de dicha fuente, a lo que el ahora director adjunto de eldiario.es no respondió, acogiéndose al secreto profesional. “Solo pueden ser dos: García Ortiz o (la jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado) Mar Hedo”, espetó el letrado y preguntó quién de estos dos fue. Martínez Arrieta retiró su pregunta.

Además de estos dos periodistas, declararon otros tres de la sección de Local de El País, quienes protocolizaron ante notario sus conversaciones de WhatsApp de ese día -y forman parte de la prueba documental del juicio- y una redactora de El Plural.

Estos cuatro profesionales respondieron en apenas media hora. La defensa, que había propuesto como testigos a los reporteros de El País, les hizo muy pocas preguntas, lo que dejó poco margen al resto de partes para preguntar por otras cuestiones.

El fiscal de Protección de Datos dice que García Otiz podía borrar

El fiscal delegado de Protección de Datos, Agustín Hidalgo de Murillo, sostuvo ayer que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tenía “la facultad” de borrar la información que albergaban sus dispositivos, si consideraba que la información sensible que contenían peligraba, porque era el “responsable” de la misma. Así se pronunció el testigo durante la cuarta jornada del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo (TS) contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Hidalgo de Murillo, que fue objeto de un extenso interrogatorio por parte de la acusación particular que ejerce González Amador, explicó, precisamente a preguntas del abogado de éste, Gabriel Ramos, que la normativa interna permite “destruir la documentación y los dispositivos en desuso”.

El letrado quiso saber si el usuario puede elegir entre “devolver o destruir”, a lo que el fiscal respondió afirmativamente, si bien apostilló que los usuarios no solo son responsables de dichos efectos sino de “lo que es más importante, responsables de los datos que contienen”. “Por tanto, si el usuario no confía en que esos datos no vayan a ser adecuadamente borrados o suprimidos tiene la facultad, entiendo yo, de destruirlos. Somos responsables”, recalcó Hidalgo de Murillo.

En este contexto, puso de relieve que “una de las cosas” por las que viene “luchando” es lo que denominó “síndrome de diógenes de la administración de justicia”, que dijo que se da porque todos quieren conservar sus resoluciones pero eso “afecta a la seguridad de los datos personales”.

Vox critica la defensa pública de pedro sánchez

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, valoró ayer como “el enésimo ataque al Poder Judicial” por parte del Gobierno la afirmación de Pedro Sánchez sobre que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es “inocente” del delito de revelación de secretos.

“Un presidente del Gobierno que se atreve a sentar cátedra y dictar una sentencia absolutoria del fiscal general del Estado”, dijo Rodríguez de Millán en declaraciones a los medios. “Es un ataque a la Justicia como nunca se había hecho, pero si lo hace es porque puede, porque en España nadie se ha preocupado, ni el PP, ni el PSOE, en garantizar la verdadera independencia del fiscal general del Estado, que se comporta como el abogado particular de la familia de Sánchez”, agregó la portavoz parlamentaria.