El PP critica el cálculo para repartir menores migrantes

El Gobierno cifró la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España. Así lo establece la fórmula recogida en el real decreto de capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores no acompañados de las comunidades autónomas, aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Tras la aprobación de este real decreto, aquellas comunidades y ciudades autónomas que multipliquen por tres su capacidad ordinaria serán declaradas en situación de contingencia migratoria extraordinaria, lo que activará el protocolo de traslados.

Con este real decreto el Gobierno da cumplimiento a la disposición adicional undécima introducida en la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, introducida tras la aprobación del Real Decreto-ley 2/2025, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. El Gobierno establece que la capacidad ordinaria de acogida es de 2.827 plazas en Andalucía, 2.650 en Cataluña y 2.325 en la Comunidad de Madrid, las tres regiones que tienen mayor capacidad ordinaria de acogida.

Además, según el real decreto aprobado ayer, Aragón tiene una capacidad ordinaria de acogida de 441 menores, Asturias de 331, Islas Baleares de 406, Canarias de 737, Cantabria de 194, Castilla y León de 783, Castilla-La Mancha de 692, Extremadura de 344, Galicia de 886, Murcia de 517, Navarra de 223, País Vasco de 731, La Rioja de 107, Ceuta de 27 y Melilla de 28.

Críticas a la fórmula

Las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular cuestionaron ayer la fórmula del Gobierno para calcular la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes no acompañados de los territorios y anunciaron que interpondrán nuevos recursos judiciales contra el reparto de estos menores.

Así, el Govern balear cuestionó la fórmula escogida por el Gobierno central para fijar las 406 plazas de Baleares. “¿Por qué esta formula y no otra? ¿En base a qué? ¿Tiene base científica o reconocida dentro de Europa? No lo sabemos. Reiteramos la queja de falta de información en todos los procesos que lleva a cabo en este ámbito el Estado desde todos los ministerios competentes”, manifestó la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antonia Maria Estarellas. En esta misma línea, el Gobierno de Aragón advirtió de que, como vino haciendo desde el pasado mes de marzo, “se recurrirán todos los actos normativos y administrativos que imponen reparto forzoso de menores (migrantes no acompañados), que excluye a Cataluña y al País Vasco y que está basado en el interés exclusivo de Pedro Sánchez y en sus pactos con sus socios independentistas”, aunque avanzó que cumplirán la ley y seguirán trabajando en la llegada de estos niños, que deben estar en “el centro” de las políticas en esta materia.

Sin consenso

Al mismo tiempo, la Xunta de Galicia respondió al Gobierno central que “lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo de Sánchez” es cumplir la orden del Tribunal Supremo (TS) de acoger a 1.000 menores solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias y que, “medio año después, solamente fue capaz de trasladar a la Península a 30”. La Xunta criticó que “a día de hoy” el Gobierno central aún no aprobó con las CCAA “ningún reparto de menores migrantes y tampoco un financiamiento asociado”.

Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, avisó que recurrirán por vía judicial el reparto de menores migrantes al considerar que “rompe la igualdad entre las comunidades autónomas” y que se hizo sin “total transparencia”.

CANARIAS EXIGE CUMPLIR A LAS AUTONOMÍAS

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, afirmó ayer que el decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes “viene bien” a todas las comunidades autónomas por lo que va exigir su cumplimiento. En declaraciones a los periodistas tras la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros puso como ejemplo como la presión migratoria se incrementó ahora en Baleares “y lo mismo puede pasar con cualquier otro territorio fronterizo peninsular”.

Por ello indicó que la atención a los menores migrantes es una “cuestión de Estado” que se debe “solucionar entre todas” las comunidades y el Gobierno central, a la espera también de lo que ocurra con los recursos que se interpusieron ante el Tribunal Supremo.

Delgado defendió que las cantidades se actualizan año a año al tiempo que agradeció la predisposición de País Vasco y Cataluña para ofrecer plazas pese a que inicialmente no están incluidas en el reparto. La consejera apuntó que este decreto pone “blanco sobre negro” el número de menores migrantes que hay y las plazas que tiene que tener cada comunidad autónoma “sí o sí”, incluyendo los menores que puedan llegar en el futuro. Actualmente, en el caso de Canarias, con una capacidad ordinaria de 737 plazas, atiende a algo más de 5.000.