Pradas se descarga de responsabilidad en la gestión de la dana: "No tenía ni experiencia ni conocimiento en emergencias"

Salomé Pradas, exconsellera de Justicia y Emergencias, ha declarado como investigada por su gestión durante la dana del pasado 29 de octubre, descargando toda responsabilidad al afirmar que no tenía experiencia ni conocimientos en emergencias y que no dirigía nada.

Su comparecencia, en Catarroja, Valencia, se prolongó durante casi tres horas. Solo respondió a las preguntas de su abogado y mostró un tono visiblemente emocionado durante su intervención.

Culpa a los técnicos

Durante su testimonio, Pradas explicó que su cargo era meramente institucional y que las decisiones operativas correspondían a los técnicos. Señaló al exinspector jefe del Consorcio de Bomberos, José Miguel Basset, como director del Puesto de Mando Avanzado (PMA), organismo desde el que se coordinó la respuesta técnica sobre el terreno.

Pradas aseguró que se limitaron a seguir las recomendaciones de los expertos en todo momento y negó haber tenido responsabilidad en el retraso del mensaje de alerta (ES-Alert), enviado a las 20:11 horas, cuando ya había pueblos inundados y personas atrapadas. Alegó que el envío se realizó siguiendo las indicaciones técnicas, no por decisión política, y recalcó que ella no esperó en ningún momento al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Respecto al barranco del Poyo, uno de los focos críticos durante la catástrofe, afirmó que no recibió advertencia alguna sobre un posible desbordamiento. Añadió que, en los correos enviados por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) entre las 13:00 y las 16:00 horas, se hablaba incluso de una bajada del caudal, y no fue hasta las 18:43 cuando se tuvo conocimiento del incremento hasta los 1.600 metros cúbicos por segundo.

Pradas defendió la actuación del gobierno autonómico y aseguró que todos los pasos se dieron siguiendo lo establecido en el plan de emergencias, destacando el papel que desempeñan otras administraciones como el Estado, que tiene competencias en seguridad ciudadana, y los ayuntamientos, responsables de activar sus propios planes ante inundaciones.