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CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
El PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la que propone al Gobierno la elaboración de guías de políticas locales que contemplen la diversidad cultural y religiosa en los municipios. Esta iniciativa se desarrollaría en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y otras entidades, y será debatida en la Comisión de Política Territorial.
Con esta propuesta, los socialistas pretenden facilitar la toma de decisiones en los ayuntamientos y asegurar el cumplimiento de los derechos y deberes constitucionales en todo momento.
Además, el texto plantea la necesidad de impulsar Planes de Convivencia municipales, que incluyan un diagnóstico previo —con datos cuantitativos y cualitativos— y la elaboración de planes de acción concretos y adaptados a cada realidad local.
Entre los objetivos de estos planes, destacan como ejes fundamentales:
Asimismo, se propone que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), promueva formación en diversidad cultural para el personal de las administraciones públicas, con especial foco en el ámbito local y en coordinación con la FEMP y entidades locales.
La iniciativa también apuesta por fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre municipios, promoviendo el aprendizaje mutuo y la colaboración entre entidades locales.
Por último, el PSOE sugiere reforzar las iniciativas ya existentes para proteger y promover los derechos, como las previstas en el Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia (2023-2027) y en el II Plan Nacional de Derechos Humanos, incluyendo el Programa Municipios por la Tolerancia.
En su exposición de motivos, el PSOE subraya que los ayuntamientos no siempre cuentan con herramientas suficientes para responder a los retos que surgen en sus comunidades.
"La falta de políticas municipales claras puede derivar en conflictos y en un deterioro de la convivencia. La inacción institucional también es una forma de intervención que puede agravar la vulnerabilidad social y limitar el ejercicio de derechos fundamentales", advierte el texto.
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