Puigdemont se expone a una pena de prisión por la convocatoria del referéndum

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, será investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la convocatoria del referéndum independentista del 1 de octubre por desobediencia, prevaricación y malversación, delito este último que conlleva penas de prisión.

El TSJC ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra Puigdemont y el resto de su Ejecutivo, por entender que el Govern hace un "uso ilegal de fondos públicos" con el referéndum.

La Fiscalía Superior de Cataluña se ha querellado también contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los otros cuatro miembros de la Mesa que votaron admitir la ley del referéndum y la de transitoriedad -recurrida hoy ante el Constitucional por el Gobierno-, por "su contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales".

Puigdemont, que ha reiterado en su primer acto público tras la convocatoria del 1-O que seguirá "hasta el final" con el referéndum, ha recibido una primera negativa de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha decidido paralizar la cesión de locales para instalar las urnas, a la espera de que el Govern pueda dar garantías de que no se pondrá en riesgo al consistorio y a los funcionarios.

En vísperas de la Diada del 11 de septiembre, Colau gana tiempo después de que Puigdemont y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, comunicaran por carta a los alcaldes catalanes que prevén utilizar para el referéndum los colegios electorales habituales y les dieran 48 horas para confirmar la disponibilidad de los locales.

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha reiterado ante los medios "el pleno compromiso de Barcelona en que se pueda ejercer el derecho a participación", pero "siempre que no haya riesgo ni para la institución ni para sus trabajadores", en alusión a la suspensión del TC.

En un mensaje en su perfil de Facebook, Colau ha afirmado que la solución a la situación política de Cataluña pasa por un referéndum, pero no puede "resolverse de una manera fácil y rápida, anteponiendo el fin a los medios y, con las prisas, dejando fuera a la mitad de Cataluña".

Quienes ya han trasladado al Govern que no piensan ceder locales de votación para el 1-O son diversos alcaldes metropolitanos del PSC, como Núria Marín, alcaldesa de L`Hospitalet de Llobregat (Barcelona), segunda ciudad con más habitantes de Cataluña.

La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), la también socialista Núria Parlon, ha comunicado por carta a Puigdemont que no cederá locales porque el referéndum ha sido suspendido por el TC, mientras que el alcalde de Terrassa (Barcelona), Jordi Ballart, también del PSC, ha dicho que su consistorio "cumplirá siempre la legalidad y no comprometerá nunca a los funcionarios", por lo que corresponde al Govern informar sobre los puntos de votación.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha enviado una carta a los alcaldes catalanes en la que les advierte de que no sólo no deben colaborar con el referéndum convocado por el Govern sino que deben impedirlo.

Pese a las actuaciones del Gobierno del Estado, del TC y de la Fiscalía contra el 1-O, Puigdemont ya ha anunciado que no tiene intención de paralizar la organización del referéndum.

En un vídeo difundido a través de su cuenta en Twitter, ha anunciado que acudirá a la manifestación independentista del próximo lunes en Barcelona con motivo de la Diada del 11 de septiembre, una movilización que ha pedido que sea "masiva" en respuesta a la "ola de amenazas, obstáculos, querellas, utilizaciones de las estructuras y cloacas del Estado".