Ruz imputa a once personas vinculadas a Pujol Ferrusola

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a once imputados, siete de ellos empresarios, y 27 testigos en su causa sobre el origen de la fortuna en el extranjero de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, y ha pedido a seis bancos de Andorra el bloqueo de sus cuentas.

Los imputados por delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda pública y falsedad en documento mercantil están citados el próximo 12 de noviembre y, entre ellos, figuran empresarios de sociedades que pagaron a Pujol Ferrusola por trabajos que la Policía cree inexistentes y familiares de su exmujer Mercè Gironés, también imputada en el caso.

Así, el juez ha citado a los empresarios Carlos Sumarroca Coixet y su hijo Carlos Sumarroca Claverol, así como al consejero delegado de Copisa -empresa que facturó numerosos trabajos a Pujol Ferrusola- Xavier Tauler Ferre.

Otros dos empresarios imputados son Gustavo Buesa Ibáñez y Josep Mayola Comadira, que fueron socios del primogénito de Pujol en Gestió i Recuperació de Terrenys, adjudicataria de contratos públicos que pagó a Pujol Ferrusola por trabajos cuestionados por los investigadores.

El juez ha citado asimismo a Alejandro Guerrero Kandler, vinculado a las empresas Famguega y Life Mataro, que según un informe policial pagó "millonarias comisiones" al hijo de Pujol por interceder en adjudicaciones, y a Luis Delso Heras, del Grupo Isolux, que le contrató para servicios sospechosos.

También deberán acudir a la Audiencia Nacional Ramón Gironés Pages, Ramón Gironés Riera y Mercè Riera Anglada, hermano, padre y madre de la exmujer de Pujol Ferrusola, respectivamente.

Testigos señalaron al padre de Mercè Gironés como la persona que acudió a cobrar una comisión del 3 % por intermediar en la venta de unas fincas, cantidad que debían pagar a Mercè Riera Anglada y a otro de los imputados, el arquitecto urbanista Xavier Corominas Riera.

En un auto en el que acuerda una batería de diligencias, Ruz cita a los imputados por su "presunta participación y cooperación con el investigado, Jordi Pujol Ferrusola, en determinadas operaciones mercantiles que han venido siendo investigadas".

Pujol Ferrusola declaró ante el juez como imputado el pasado 15 de septiembre, cuando negó haber percibido comisiones por interceder en adjudicaciones públicas y defendió que los cobros millonarios que recibió de diversas empresas concesionarias de obra pública respondieron a trabajos reales y no ficticios.

El juez tomará declaración a todos los imputados el día 12 entre las 10.00 y las 17.30 horas, y hará lo propio con los 27 testigos los días 13 y 14 de noviembre.

En el auto, Ruz también acuerda ampliar la comisión rogatoria cursada a Andorra para que la Banca Privada Andorrana remita toda la información relativa a la operación documentada el pasado 4 de agosto por la que Jordi Pujol Ferrusola dispuso de 2,4 millones de euros a favor de una sociedad editorial mejicana, "información que había permanecido oculta a la instrucción" hasta ahora.

Ruz acuerda el bloqueo de la cuenta en esta entidad desde la que se realizó esa operación y remite comisión rogatoria a las autoridades de México a fin de que identifiquen la cuenta bancaria en el Banco Santander en la que fueron ingresados esos fondos.

Requiere asimismo a las entidades bancarias andorranas Crédito Andorra, Bancsabadell de Andorra, Banca Privada de Andorra, Mora Banco, Mora Banco Grupo y Andbank "el bloqueo preventivo e inmediato de todas las cuentas" en las que sean titulares, tengan poderes de disposición o sean representantes Pujol Ferrusola y su exmujer.

Dentro de la batería de diligencias acordadas en un auto de 21 páginas, cursa comisiones rogatorias a las autoridades de Liechtenstein y Reino Unido en las que solicita información acerca de la constitución de varias sociedades, así como de la titularidad de las cuentas a nombre de varias mercantiles.

La investigación a Pujol Ferrusola se inició a raíz de la denuncia de su exnovia y en ella se indaga el movimiento de divisas efectuado durante ocho años (2004-2012) en trece países, entre ellos Suiza, Islas Caimán y Liechtenstein, y que ronda los 32 millones de euros.