Sánchez, sobre el apagón eléctrico: "No puede volver a pasar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que el Ejecutivo exigirá responsabilidades a los operadores privados de electricidad por el apagón que afectó a la Península Ibérica, y no descarta ninguna hipótesis sobre su origen, incluido un posible ciberataque, aunque Red Eléctrica ya lo ha descartado en su informe preliminar. Pese a esto, Sánchez ha anunciado la creación de una comisión de investigación en el seno del Consejo de Seguridad Nacional, liderada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

Desde Moncloa, el presidente ha asegurado que el Gobierno irá "hasta el fondo" para averiguar qué ocurrió en los cinco segundos que provocaron la caída del sistema eléctrico. Ha destacado la necesidad de realizar reformas para evitar que algo similar vuelva a ocurrir y ha insistido en que se analizará la actuación de todos los operadores implicados, especialmente en lo relativo a su ciberseguridad.

Aunque ha señalado que no pone en duda el informe de Red Eléctrica, el Ejecutivo llevará a cabo su propio análisis independiente con todos los recursos del Estado. Sánchez ha pedido prudencia y no descartar hipótesis hasta tener un diagnóstico certero, ya que aún no existen pruebas concluyentes sobre un ciberataque, un acto terrorista o un fallo vinculado al exceso de energías renovables, desmintiendo así rumores y bulos en circulación.

El presidente ha explicado que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y el Centro Criptológico Nacional están revisando los registros informáticos de Red Eléctrica y de operadores privados. Además, ha solicitado un informe al Grupo Europeo de Coordinación de Electricidad y a reguladores de la Comisión Europea para contar con una evaluación técnica y externa.

Sánchez ha reconocido la urgencia de la situación, pero ha pedido paciencia para llegar a conclusiones fundadas, ya que los datos que se están analizando son voluminosos y descentralizados. Ha garantizado que tanto la ciudadanía como los grupos parlamentarios y las comunidades autónomas serán informados puntualmente de los avances de la investigación. Asegura que el objetivo es evitar que una interrupción como esta vuelva a suceder y que se aplicarán los cambios necesarios una vez se conozca el origen exacto del fallo.