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SIN FIANZA
El Tribunal Supremo ha ordenado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por su implicación en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública del llamado caso Koldo. Se le atribuyen delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
El instructor del caso, Leopoldo Puente, considera que hay "indicios bastantes" para sostener que Cerdán, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García formaban una organización criminal con el fin de obtener comisiones ilegales por adjudicaciones públicas, especialmente en Carreteras y Adif.
Según el auto, Cerdán y Koldo habrían iniciado esta red en torno a la empresa Servinabar, y al llegar Ábalos al Ministerio, se colocó a García como asesor “a instancia de Cerdán”, para facilitar adjudicaciones irregulares a empresas como Acciona en UTE con firmas menores, a cambio de comisiones. El juez describe un "reparto de papeles" en el que Cerdán reclamaba y distribuía los pagos ilegales, con una relación de "cierta preeminencia" sobre los demás.
Ábalos, por su parte, habría usado su posición de ministro para influir en los procesos, delegando la gestión a su asesor, que se reunía con altos cargos del ministerio. El magistrado cree que el beneficio de la trama pudo alcanzar los cinco millones de euros y que más personas podrían haber estado implicadas.
El juez avala las grabaciones realizadas por Koldo entre 2019 y 2023 como prueba clave, al considerar que no fueron manipuladas y muestran conversaciones comprometedoras. En una de ellas, Santos le reprocha que ciertos temas "no se hablan, se escriben y se rompen". También se menciona un contrato por el que Cerdán habría comprado el 45% de Servinabar en 2016 por 6.000 euros, aunque no se formalizara ante notario.
La UCO también señala una donación de Servinabar de 4.500 euros para Fiadelso, fundación creada por Ábalos, como indicio de la conexión posterior de Cerdán con la empresa.
Asimismo, el auto menciona mensajes entre Cerdán, Ábalos y Koldo sobre adjudicaciones cuando él no tenía funciones públicas, salvo su papel como responsable territorial del PSOE. El juez le reprocha que se interesara por proyectos en zonas con elecciones próximas, buscando rédito político para el partido.
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