El Supremo pide a la UCO un informe de bienes de Ábalos

El instructor del “caso Koldo” en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe patrimonial del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, al que volvió a citar para que declare como imputado el 18 de febrero. Además, llama a 17 testigos, para que comparezcan entre el 25 de febrero y el 5 de marzo, entre ellos el jefe de Gabinete de Hacienda, ex altos cargos de Transportes y la empresaria Carmen Pano.

El magistrado dio este paso después de que el Congreso de los Diputados concediera el pasado 28 de enero el suplicatorio para poder investigar a Ábalos, que ya prestó declaración voluntaria el 12 de diciembre. Entonces, negó recibir pagos de ningún tipo -efectivo o especie- del presunto conseguidor del “caso Koldo”, el empresario Víctor de Aldama, a cambio de la adjudicación de contratos públicos para la compra de material sanitario en plena pandemia y de obra pública.

Informe de los teléfonos

Requiere también a la UCO un informe efectuado a partir de las comunicaciones telefónicas y demás actuaciones realizadas hasta el momento de los hechos que conciernen a los tres investigados en la causa -Ábalos, su ex asesor Koldo García y De Aldama-, debiendo reflejar la totalidad de los terminales o dispositivos intervenidos a cualquiera de los dos últimos en el curso de las investigaciones ya practicadas.

Puente pide a la UCO que haga “especial referencia” a los mensajes que, en este momento de la investigación, aparezca que pudieran haberse intercambiado, desde cualquiera de los terminales intervenidos, De Aldama con Ábalos y su hijo, el ministro Ángel Víctor Torres o subordinados de éste y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. A este respecto, cabe recordar que De Aldama se refirió tanto a Santos Cerdán como a Torres, asegurando que Koldo le pidió dinero en metálico para ambos. En el primer caso, como compensación por haberse entrometido en un sistema de “cupos” de adjudicación de obra pública en País Vasco y Navarra y, en el segundo, a cambio de los contratos para la compra de material sanitario. 

A De Aldama le reclama la relación de los pisos que dice haber facilitado para encuentros en los que -según sostuvo- participaban Torres, Ábalos y Koldo con “señoritas”. También ordena recabar las fechas de los contratos y las estancias y el pago de los mismos, así como si hubo pagos a las mujeres que acudían a esos inmuebles y quién los asumió.

Por último, cita para el mismo 18 de febrero a Koldo García -que ya declaró en el TS el pasado 17 de diciembre- para realizar una prueba caligráfica y esclarecer así la autoría de los documentos aportados por De Aldama -compareció un día antes, el 16-. Los mismos reflejarían un listado de obras públicas “preadjudicadas”, a cambio de las cuales Ábalos habría recibido como “garantía” un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid.

De acuerdo con la declaración de De Aldama, dicho piso se le habría ofrecido por 750.000 euros a pesar de que su valor de mercado rozaría los 2 millones de euros, un desfase que Puente puso de relieve durante la ronda de declaraciones y que ahora se dispone a investigar al pedir que se designe a un agente inmobiliario en calidad de perito para que determine cuánto valía la vivienda el 24 de abril de 2019.

Declaración como testigos de 17 personas

El juez llama como testigos a 17 personas entre los días 25 de febrero y 5 de marzo, entre ellos los ex altos cargos de Transportes Jesús Gómez, Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera; al director de Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno; al hermano de Koldo, Joseba García; al hijo de Ábalos, Víctor; a Pano y su hija; a JRG y a varios empresarios. Moreno fue otro de los altos cargos mencionados por De Aldama.

Según su versión, Koldo le solicitó dinero para ayudar al jefe de Gabinete con la compra de un piso después de que le pidiera el favor de aplazar el embargo de una de las compañías del empresario, cuestión que finalmente quedó resuelta. Destaca también el nombre de Jesús Gómez, por ser el subsecretario de Transportes en el que Ábalos descargó toda la responsabilidad de la adjudicación de los contratos para la compra de material sanitario a Soluciones de Gestión, empresa de De Aldama.