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FORTUNA OCULTA FAMILIAR
La Audiencia Nacional ha dejado este jueves visto para sentencia el juicio contra la familia del expresidente de Cataluña, Jordi Pujol Soley, por la presunta ocultación de su fortuna en Andorra, tras 38 sesiones de vista oral y casi seis meses de proceso, después de que todos los acusados hayan renunciado a su derecho a la última palabra.
El expresidente catalán, de 95 años, no ha participado en el juicio al haber sido eximido previamente por el tribunal, que consideró que se encontraba “imposibilitado” para afrontar la vista, por lo que la causa contra él fue sobreseída el pasado mes de abril.
En el banquillo se han sentado siete de sus hijos, la exesposa del primogénito y nueve empresarios, acusados de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.
La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido peticiones de condena especialmente elevadas, solicitando hasta 29 años de prisión para Jordi Pujol Ferrusola, considerado el principal acusado, además de 17 años para su exesposa Mercè Gironés, 14 años para Josep Pujol y ocho años para el resto de hermanos: Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer.
Para los nueve empresarios acusados, el Ministerio Fiscal reclama penas de hasta cinco años de cárcel por su presunta participación en la trama.
Según la acusación, la familia Pujol habría acumulado durante décadas más de 38 millones de euros en cuentas bancarias en Andorra, a través de un entramado de falsificación de documentos, contratos ficticios y servicios de intermediación inexistentes que habrían servido para justificar movimientos de dinero de origen ilícito.
La Fiscalía sostiene que parte de estas operaciones estaban vinculadas a pagos de empresas adjudicatarias de contratos públicos en Cataluña, mientras que las defensas han negado cualquier actividad delictiva, defendiendo que el dinero procede de una herencia familiar del abuelo Florenci Pujol.
Durante el juicio han declarado casi 200 testigos y peritos, en una investigación que se ha prolongado durante más de una década desde la aparición de las primeras informaciones sobre cuentas en el extranjero.
Las defensas han solicitado la absolución total de todos los acusados, cuestionando la investigación policial y la interpretación de las pruebas, mientras que las acusaciones han defendido la existencia de una estructura organizada de ocultación de fondos.
Con el juicio ya concluido, la decisión queda ahora en manos del tribunal, que deberá dictar sentencia en los próximos meses. Según fuentes jurídicas, el fallo podría conocerse a finales del verano.
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