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Las protestas de las últimas semanas en Valença do Minho por el cierre de sus urgencias sanitarias se han suspendido, a la espera de una decisión del Parlamento portugués, aunque se mantienen las banderas españolas desplegadas por la ciudad hasta que se logre una solución definitiva, según aseguró el presidente de la comisión de afectados, Carlos Natal. Una solución que posiblemente llegue antes de lo previsto y por una vía diferente a la esperada, como es el Tratado de Cooperación Sanitaria Transfronteriza entre España y Portugal, que entrará en vigor el próximo día 24. Este acuerdo permitirá establecer un convenio entre Consellería de Sanidade con la Dirección regional de Salud do Norte para que el servicio de urgencias de Tui se convierta en el centro de referencia de Valença y sin tener que pedir autorización caso a caso como sucede en la actualidad. Por su parte, la plataforma Unimiño, formada por cinco municipios del norte de Portugal y 16 de la provincia de Pontevedra, ha decidido encargar un estudio sobre un futuro acuerdo transfronterizo de sanidad que beneficiaría a unos 150.000 gallegos y portugueses que viven en la zona. El presidente de Unimiño, Rui Solheiro, dijo que los representantes de los 21 ayuntamientos de la zona se reunieron la semana pasada para encargar el estudio a universidades españolas y portuguesas, para delimitar posibles ámbitos de cooperación en áreas como las urgencias sanitarias, consultas o especialidades y, posteriormente, la elaboración de un protocolo pa¬ra presentar al Gobierno español y portugués. No queremos sólo reivindicar, sino proponer, matizó Solheiro, que entre los ejemplos de posible cooperación destacó el uso del hospital Meixoeiro de Vigo por ciudadanos de localidades portuguesas cercanas. Este proyecto planteado por Unimiño ha sido criticados por el presidente del Colegio de Médicos luso, Pedro Nunes, porque podrían poner en causa la independencia del país y propiciar la disminución de la inversión en sanidad. Nunes subrayó en relación a este asunto que Portugal tiene que definir si quiere continuar siendo un país independiente que trata de sus propios asuntos y responde a las necesidades de su población o si, a medio o largo plazo, acepta ser una autonomía más de España
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