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MULTA DE 750.000 EUROS
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a dos años de cárcel al administrador de una sociedad vinculada a la investigación de nuevos productos alimentarios, con sede en O Porriño, por un delito de fraude a los presupuestos de la Unión Europea (UE).
También le ha impuesto una multa de 750.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años. El tribunal ha considerado acreditado que la empresa recibió 1.245.605 euros de fondos de la Agencia Europea de Investigación y que el acusado "incumplió gravemente las obligaciones asumidas".
De esta forma, ha subrayado que una parte significativa de la financiación fue destinada o justificada de forma incorrecta, frustrando la finalidad de la subvención. Además, los magistrados han explicado que el informe de auditoría constató la ausencia o ejecución parcial de trabajos de investigación, ensayos clínicos, validaciones científicas y actividades de difusión y explotación de resultados.
En total, 706.752,53 euros no fueron destinados a la finalidad prevista ni correctamente justificados. De ellos, 424.134,46 euros debían haberse distribuido entre otros participantes y 282.618,27 euros correspondían a fondos recibidos en exceso que debían ser devueltos.
Asimismo, el acusado fue absuelto del delito continuado de fraude de subvenciones, sostenido de forma alternativa, y del de falsedad de cuentas anuales. La sentencia no es firme, ya que cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
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