Condenados por talar eucaliptos que no eran suyos en Galicia
Cuatro personas han sido condenadas a 21 meses de prisión por formar parte de un grupo criminal dedicado a talar y vender de forma ilegal eucaliptos sin el permiso de los dueños de los terrenos en Pontevedra
Los condenados por formar parte de un grupo criminal dedicado a talar y vender eucaliptos han aceptado el acuerdo de conformidad ofrecido por la Fiscalía de Pontevedra, que pedía inicialmente cinco años y medio de prisión por los delitos de hurto continuado, falsedad en documento oficial, pertenencia a grupo criminal e infidelidad en la custodia de documentos.
Los acusados deberán abonar una multa de 3.500 euros y no podrán acceder durante cinco meses a ninguna subvención, ayudas públicas o incentivos fiscales.
Al aceptar su culpabilidad, los cuatro reconocieron que, al menos desde 2013, realizaron talas de árboles, generalmente eucaliptos, en parcelas cuyos propietarios no les habían vendido previamente la madera o en parcelas cuyos propietarios se encontraban ausentes o residiendo fuera de la zona en la que cortaban o en el extranjero.
Se aprovechaban de que en algunas ocasiones las propiedades no estaban bien descritas en los registros oficiales o no aparecían en ellas los actuales propietarios.
El juicio, sin embargo, se celebró contra un quinto acusado, un agente de la guardia civil de profesión, que se enfrenta a tres años y medio de prisión por hurto y pertenencia a grupo criminal, multa y a la inhabilitación para su empleo durante tres años.
El fiscal sostiene que, "abusando de las funciones que tenía encomendadas", la colaboración del guardia civil permitía al grupo obtener la información relativa a la situación de las fincas en las que realizaban las talas o la de sus actuales titulares.
Los otros cuatro acusados, sin embargo, negaron que el guardia les hubiese facilitado esa información y tampoco los otros testigos lograron identificarle como implicado.
Por todo ello, su abogado ha pedido su libre absolución al entender que "no hay el más mínimo indicio sólido" de que el guardia civil hubiera facilitado todos esos datos.
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