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Tras diez años de la tragedia en la curva de Angrois, se espera que por fin este 2023 sea el año en el que la justicia se pronuncie sobre la responsabilidad del accidente fatal del Alvia y las implicaciones de Renfe y Adif al respecto.
No resulta difícil empatizar con las familias de las víctimas y entender el sufrimiento de personas que no solo vieron cómo fallecían sus seres queridos, sino que también sufrieron la lentitud de la justicia al respecto.
Ahora queda que se determinen las indemnizaciones por parte de las aseguradoras tanto para los familiares de las víctimas mortales como para las personas que sobrevivieron al accidente.
Ha sido una larga travesía por el desierto. Tras una fase de instrucción que arrancó en 2013 y finalizó dos años después, en 2015, el juez Andrés Lago cerró el caso con la única imputación del maquinista.
Sin embargo, en 2016 y tras conocerse informes y diversas pruebas relacionadas con el triste episodio, la Audiencia Provincial de A Coruña reabrió la instrucción, con el objetivo de comprobar si existían otras responsabilidades relacionadas con la seguridad en la línea de alta velocidad entre Ourense y la estación de Santiago de Compostela.
En 2017, el ex director de seguridad en la circulación de Adif Andrés Cortabitarte fue imputado. Esta nueva fase de instrucción se prolongó hasta 2021.
Un año después, en 2022, comenzaría el macrojuicio del Alvia, una vista que comenzó el pasado mes de octubre en la Ciudad de la Cultura debido al alto número de partes personadas, y que hasta el momento ha estado repleto de declaraciones de las víctimas en las que no dejan de expresar su sorpresa ante las conclusiones desde la Fiscalía. Aún se debe esperar por la sentencia, pero se prevé inminente.
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