El Ejecutivo gallego exige al central el expediente de la UE a la AP-9

Las organizaciones empresariales con sede en Vigo no comprenden la decisión del Gobierno de dilatar el rescate de la AP-9 y advirtieron sobre los perjuicios para la industria y la economía gallega. Así lo señalaron desde la patronal del metal Asime y la provincial CEP después de que el día anterior el Gobierno respondiese “in extremis” al ultimátum dado por Bruselas por la prórroga de la concesión de la AP-9, ya que la Comisión Europea considera que vulneró las reglas de la Unión Europea en materia de contratación pública.

Enrique Mallón, secretario de Asime, señaló que el sector industrial gallego, y en concreto el metal, tiene claro que hay que tratar de eliminar estos peajes. “No tiene sentido que continúe esta situación que lastra gravemente el desarrollo económico de Galicia, creemos que actualmente es un sinsentido mantener estos costes con un claro agravio comparativo para Galicia con respecto a otros territorios de España”, indicó Mallón.

En este sentido, la patronal de la industria considera que Audasa tiene más que suficiente recuperado su inversión y sus costes “y es el momento de que el Gobierno actúe y permita que los ciudadanos y las empresas de Galicia puedan eliminar un coste que sin entrar en polémicas ni debates antiguos hoy sin ninguna duda debe ser eliminado y esta es la opinión de Asime y sus empresas”, añadió Enrique Mallón, quien insistió en que el peaje, que está fijado hasta 2048 con la actual concesión, debe ser eliminado “cuanto antes y desde luego no debe haber excusas ni ralentizar esta decisión, Galicia lo merece sin duda alguna”.

Patronal de Pontevedra

Una opinión aún más dura tiene la patronal provincial, que calificó de “indignante” la decisión del Gobierno. “No era el momento de contestar como lo hizo el Gobierno, que no es más que dilatar el plazo hasta que se decida el rescate y mientras, habrá que pagar el peaje y guardar los tickets para reclamar, porque con el informe motivado de a Comisión Europea, el Gobierno no tiene nada que hacer”, señalaron en la CEP.

Insta al Ejecutivo a que se rescate la concesión y considera “indignante” su posición. “Es normal que ningún Gobierno quiera indemnizar a una empresa, además de lo que supone de imagen. y lo que ha hecho es dar una patada hacia adelante”, indicaron, para recordar que mientras tanto los peajes siguen subiendo “y este año el 1 de enero habrá otra subida”, con un incremento del 26 por ciento en los últimos cinco años. “Tal y como están los combustibles, cruzar de Tui a Coruña es una inversión y lo mismo de Vigo a Santiago por mucho que se bonifique”. En julio la Comisión Europea envió un ultimátum al Ejecutivo para que enmiende las irregularidades por las que se prorrogaron las concesiones de los peajes en las autopistas AP-66 y AP-9 y que, a ojos de Bruselas, vulneran las reglas de la UE en materia de contratación pública y de concesión de autopistas. Un asunto que vuelve a dilatarse ahora tras la respuesta del Gobierno.

La Xunta irá a los tribunales para que el Ejecutivo explique su postura ante la UE

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, anunció que la Xunta acudirá a la vía judicial si el Gobierno no aporta el expediente abierto por la Comisión Europea en relación con la gestión de la AP-9. Así lo dijo en una rueda de prensa, donde advirtió de que el rescate de la autopista del Atlántico es “la mejor opción” y debe producirse “lo antes posible”. “A la vista del dictamen de la UE entendemos que lo mejor para el interés público de Galicia es el rescate y que sea lo antes posible, porque con la habitual falta de transparencia del Gobierno central vemos como siguen sin tomar la decisión”, apuntó la titular de Infraestruturas.

La conselleira apuntó que exigirá al Gobierno central el expediente que tramita la Unión Europea desde “hace años” y del que la Xunta, a pesar de que Galicia es parte implicada, “no sabe absolutamente nada”. Además, si la Xunta no obtiene una respuesta, acudirá a la vía judicial por “inactividad” de la Administración central. También avanzó que contactará con las comunidades de autónomas de Castilla y León y Asturias para “coordinar la mejor forma de actuar” para “conseguir” la liberación del peaje de la AP-9 -en Galicia- y de la AP-66.

Así las cosas, la conselleira recordó que “hace un año” envió al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, un estudio realizado por la Administración autonómica sobre el coste y transferencia de la autopista del Atlántico. “Entonces solicité hasta en cinco ocasiones una reunión con el ministro Óscar Puente, tanto por carta como personalmente cuando acudió el ministro a Galicia como consecuencia de la inauguración de un tramo de la A-54”, afirmó.

Sin respuesta

A renglón seguido, lamentó que “no hubo respuesta”: “el ministro debe pensar que no merece la pena una reunión con Galicia para hablar de una infraestructura tan importante como es la AP-9 por la que circulan de media 26.000 vehículos al día y, en algunos de sus tramos, más de 60.000 vehículos al día”.

En este sentido, la conselleira afirmó que “no entienden” por qué el Gobierno central “no procede” al rescate de esta concesión y apuntó que la Xunta actualizó el informe sobre la estimación del coste del rescate, que ahora, según detalló, asciende a 2.356 millones de euros. También recordó que el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad, en febrero, pedir la gratuidad de los peajes y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, volvió a reclamar en agosto el “inmediato rescate” de la vía ya que “aplazar la medida tendrá consecuencias más gravosas”.