La futura ley contra las agresiones al personal sanitario en Galicia recoge multas de 300 a 15.000 euros

La modificación de la Lei de Saúde de Galicia, promovida por la Xunta, busca reforzar la protección del personal sanitario frente a agresiones. La norma permitirá a la Administración imponer multas que oscilan entre 300 euros (infracciones leves) y 15.000 euros (muy graves). Esta medida afectará tanto al personal del Servizo Galego de Saúde (Sergas) como al de centros sanitarios privados.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, confirmó los detalles tras reunirse con representantes del sector sanitario y de las fuerzas de seguridad. Ese mismo día, el texto fue publicado en el Portal de Transparencia. Esta modificación responde a un grave episodio ocurrido en febrero en el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac), donde un enfermero fue agredido, desencadenando protestas generalizadas.

La reforma introduce un régimen sancionador con tres niveles de infracción:

• Leves: Incluyen faltas de respeto, insultos, alteraciones del funcionamiento normal del centro, o daños leves a las instalaciones.
• Graves: Se consideran resistencia, amenazas, coacciones, represalias, daños que afectan al funcionamiento, o la reiteración de faltas leves en un periodo de doce meses.
• Muy graves: Se incluyen las agresiones físicas y la reincidencia de infracciones graves en un periodo de cinco años.

Además de la multa, se podrá exigir a los agresores reparar los daños, restablecer el estado anterior y cubrir los costes de asistencia sanitaria recibida por la víctima. La norma también contempla medidas como el cambio de médico o centro de salud del infractor, o movilidad del personal afectado si fuera necesario.

Las sanciones serán impuestas por distintos niveles de la Consellería de Sanidade, dependiendo de la gravedad: la dirección territorial para infracciones leves, la Secretaría Xeral Técnica para las graves, y el conselleiro para las muy graves.

Por primera vez, la ley definirá formalmente la “violencia en el ámbito sanitario” como la agresión física o verbal ejercida por pacientes, familiares o acompañantes hacia profesionales del ámbito sanitario durante o en relación con el ejercicio de sus funciones. Esta definición abarcará también al personal no asistencial como administrativos, celadores o transportistas sanitarios, y aplicará tanto en centros como en domicilios y ambulancias.

Se incorporan medidas ya presentes en protocolos anteriores, como la asistencia psicológica y jurídica automática al personal afectado. También se exigirá a hospitales y clínicas privadas que contraten seguros que incluyan defensa jurídica en casos de violencia.

Finalmente, la modificación de la ley contempla la creación de un plan autonómico de prevención, un registro único de actos de violencia y campañas de formación para el personal, además de acciones de sensibilización ciudadana.