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ACUERDO DE LOS POPULARES
La comisión de investigación sobre los contratos de la Xunta ha concluido este viernes sin sorpresas. El PP ha hecho valer su mayoría absoluta para aprobar en solitario un dictamen que resuelve que no hubo "ni una sola tacha de legalidad" en la contratación menor y de emergencias realizada por el Gobierno gallego en pandemia, ni tampoco en el modelo de concesión empleado para el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
Toda la oposición --BNG, PSdeG y el diputado del Grupo Mixto, Armando Ojea, de Democracia Ourensana-- ha votado en contra del proyecto de las conclusiones que elaboró y autoenmendó el Grupo Popular.
En esta última sesión, nacionalistas y socialistas han empleado las palabras "burla" y "paripé", tanto por "las formas" con las que se desarrolló la comisión en sus dos meses de vida, desde su primera reunión, como por el contenido del dictamen.
"Ni el NO-DO de Franco se ha atrevido a tanta falsedad en sus afirmaciones", ha espetado la diputada del BNG Montse Prado, sobre ese documento que ha vuelto a tachar de "panfleto". Elena Espinosa (PSdeG), por su parte, ha ironizado con que el texto se tenían que haber aprobado este sábado, 28 de diciembre, porque es "digno de los Santos Inocentes".
Desde el PP, Roberto Rodríguez ha asegurado que los nacionalistas "se arrepienten" de haber impulsado este órgano en el que "buscaban fotos, no hechos". Así, ha retado a la oposición a denunciar ante la justicia esas supuestas irregularidades en la contratación.
La oposición se ha centrado en criticar las "falsedades" que incluye el documento elaborado por el PP. Con respecto al Álvaro Cunqueiro, han insistido en que "sí había alternativa" pública porque la Xunta del bipartito presidido por Emilio Pérez Touriño se había decantado por hacerlo a través de la Sociedade Pública de Investimentos (SPI); y en que la comparecencia del conselleiro maior del Consello de Contas, Juan Carlos Aladro, "confirmó" el "sobrecoste" de 470 millones de euros por el modelo concesional elegido para su construcción.
Por otro lado, nacionalistas y socialistas han puesto el foco en que el PP "no quiere transparencia" sobre las adjudicaciones a empresas vinculadas a altos cargos de la Xunta y del PP, entre ellas Eulen, donde es directora para el Noroeste la hermana de Alberto Núñez Feijóo.
"Pese a los intentos de atranco del PP, lo que la comisión arroja es que hubo un auténtico asalto del neoliberalismo a los servicios públicos con un claro objetivo de saquear los presupuestos públicos para engordar las cuentas de resultados de las grandes empresas", ha aseverado Prado.
La diputada nacionalista considera que las conclusiones elaboradas por el Grupo Popular "es un panfleto partidista, lleno de falsedades, de opiniones infundadas y de interpretaciones interesadas". "Ni el NO-DO de Franco se ha atrevido a tanta falsedad en sus afirmaciones", ha zanjado.
Desde el PSdeG, Elena Espinosa ha vuelto a denunciar que con empresas como Eulen se produjo un "patrón repetido" de "favoritismos" hacia empresas de familiares de cargos del Gobierno gallego y del PP". Así, ha lamentado que la comisión "apenas pudo avanzar nada" sobre este asunto por el "veto" a comparecientes como Feijóo y personas de su entorno.
"Todavía existen aspectos turbios que merecen ser investigados", ha añadido la socialista, para posteriormente advertir que su grupo no se va a quedar "de brazos cruzados".
El guante lo ha recogido el diputado del PP Roberto Rodríguez, quien ha retado a la oposición a acudir a los tribunales. "No al notario", ha bromeado, antes de advertirles que eso no garantiza "que les vayan a dar la razón".
El parlamentario popular, que se encargó de elaborar el proyecto de dictamen, ha ratificado el fracaso del BNG, que buscó con esta comisión "apuntalar" el liderazgo de Pontón, que "sale peor de lo que entró"; y del PSdeG, que buscaba respaldar "al Gobierno del número uno" ante casos de corrupción como el de Koldo García.
"Esta comisión fue, primero, de la difamación. Luego, del experimento. Y acabó siendo la del espejo ante el que ustedes han quedado desnudos", ha espetado el diputado del PP, quien ha concluido con un "próspero 2025" y un deseo de que "algunos en concreto" tengan "más suerte" el próximo año.
"Ni una sola tacha de legalidad". Esta frase resume el dictamen aprobado este viernes que también recalca que "no existió sobrecoste" de 470 millones de euros en la construcción del hospital vigués, sino que esa cuantía que estima el Consello de Contas se refiere a si se hubiese licitado de forma separada la obra de los servicios.
Asimismo, las conclusiones señalan que la "única alternativa viable" para construir el hospital era la colaboración público-privada porque la vía de la SPI "exigiría la renuncia de la administración a ejecución del gasto corriente o de otras inversiones".
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