El PP exige la eliminación del peaje de la AP-9 en el Congreso

El PP decidió registrar en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que reclama al Gobierno el rescate de la concesión y liberalización del peaje de la AP-9 (Autopista del Atlántico), en Galicia, y de la AP-66 (Autopista del Huerna), que conecta Asturias y León.

Así lo anunciaron en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo el secretario general del PP, Miguel Tellado, y el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo. Emplazaron a los diputados socialistas a que apoyen la iniciativa y que no “traicionen” a la ciudadanía como, a su juicio, ocurrió cuando se debatieron propuestas que pedían sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial

En concreto, la parte dispositiva de la iniciativa “popular” insta al Gobierno a que, aprovechando el reciente Dictamen de la Comisión Europea, adopte el acuerdo de iniciar de inmediato la tramitación del rescate de la concesión y liberalización del peaje de la Autopista del Atlántico AP-9 y de la Autopista del Huerna AP-66, por ser esta “la alternativa más ventajosa para el interés público, traer aparejados importantes beneficios sociales, ambientales y de seguridad vial, y por contribuir a la mejora de la calidad de vida, ahorro de tiempo y mayor competitividad para los usuarios de estas infraestructuras”.

En la exposición de motivos señalaron que los peajes de la AP-66 y la AP-9 constituyen desde hace décadas una carga económica para ciudadanos y empresas de Asturias y Galicia, generando un “agravio comparativo” respecto a otros territorios en los que el Estado ha liberado peajes en vías de alta capacidad.

“Columna vertebral"

Argumentaron que la AP-9 no solo es la “salida natural” de Galicia hacia la Meseta, enlazando con la A-6, sino también la columna vertebral interna de la comunidad, vertebrando de sur a norte su litoral atlántico y conectando las principales ciudades, puertos y áreas industriales. “Su carácter estructural para la economía gallega hace que el mantenimiento del peaje penalice tanto la competitividad exterior como la cohesión interna”, explicaron desde el PP.

Recordaron que la Comisión Europea remitió al Gobierno un Dictamen motivado de fecha 17 de julio en el que solicita a España que respete las normas de la UE en materia de contratación pública. En concreto considera que las prórrogas de las concesiones de estas autopistas constituyen una modificación sustancial equiparable a la adjudicación de un nuevo contrato de concesión y, por lo tanto, tendrían que haberse sometido a un procedimiento de licitación competitivo, de acuerdo con los principios de igualdad de trato y transparencia, a los que obligan las directivas en esta materia.

A partir de dicha notificación el Gobierno de España dispuso de un plazo de dos meses para adoptar la respuesta y formular las medidas que estimase necesarias y, en función de las mismas, las autoridades comunitarias podrían elevar la controversia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Prórrogas

Sin embargo, señalaron que el Gobierno central ha planteado alegaciones ante la Comisión Europea, defendiendo la legalidad de las prórrogas, pero “sin aportar soluciones definitivas ni alternativas reales al cumplimiento de la normativa que garanticen la igualdad de trato con el resto de CCAA”. Consideraron que esa decisión causó una “enorme decepción” a la sociedad asturiana y gallega, que confiaba en que la respuesta a este dictamen fuera una oportunidad para avanzar en el objetivo del rescate de estas autopistas estatales y la liberación de los peajes.

El PP afirmó que el coste acumulado de los peajes de la AP-9 y de la AP-66 amortizó “sobradamente “las inversiones iniciales, y por tanto su mantenimiento supone hoy una “penalización injustificada para miles de familias y empresas”. También criticó que el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, hubiera asegurado recientemente que rescatar la AP-66 y la AP-9 tendría un coste “milmillonario”.