Sanidade podrá cambiar de centro a agresores a sanitarios

La reforma de la ley gallega de salud encaminada a proteger a los profesionales sanitarios en un escenario en el que las agresiones están al alza castiga la violencia digital de la que pueda ser objeto este colectivo (por parte de pacientes o familiares) y determina que, en casos graves o muy graves, el agresor podrá ser asignado a otro profesional e incluso a otro centro de salud. También aspira a regular las grabaciones en consulta y sitúa hacerlo sin permiso como un motivo de pérdida de confianza que permitiría al sanitario afectado desligarse del paciente.

Así lo avanzaron al término de la reunión semanal del Ejecutivo tanto el presidente gallego, Alfonso Rueda, como el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Ambos ratificaron, como ya se había anunciado que con esta norma, que el jefe del Ejecutivo quiere aprobada “cuanto antes” y, en todo caso, a lo largo de 2026, Galicia será la primera comunidad en incluir a técnicos de emergencias o del 061 dentro del colectivo sanitario a proteger. De hecho, esta modificación legislativa incorpora novedades relevantes en el capítulo de sanciones y, al margen de las infracciones muy graves, que ya estaban contempladas legalmente, se tipifican y se estipulan las multas para leves y graves.

Multas por infracciones

Así, las infracciones leves, como la falta de respeto o el insulto, podrán ser sancionadas con multas de 300 a 1.500 euros. En el siguiente escalón, las faltas graves, como amenazas, coacciones o acoso digital, conllevarán sanciones entre 1.500 y 3.000 euros. Las muy graves, como agresiones físicas o reincidencia en la comisión de infracciones graves en los últimos cinco años, estarán penalizadas con multas de 3.000 a 15.000 euros.

Caamaño profundizó en las cifras que avalan el alza de la violencia ejercida contra los profesionales de la sanidad y explicó que el año pasado 856 profesionales del Servizo Galego de Saúde (Sergas) comunicaron “algún tipo de violencia”. La mayoría de dichas agresiones fueron “verbales o gestuales” -”más de 500”-, pero también hubo 340 acciones que comportaron violencia física. Del total, 511 agresiones fueron contra profesionales de Primaria y extrahospitalaria, y otros 345 actos violentos se produjeron en hospitales.

Otra de las novedades incluidas es que el Sergas prestará apoyo psicológico al personal agredido de la sanidad pública. Cuando así lo necesite, la Asesoría Jurídica de la Xunta facilitará asesoramiento legal sobre las acciones y denuncias que quepa interponer. Por otra parte, el proyecto hace hincapié en la prevención e introduce medidas de formación específica, como la realización de actividades conjuntas con interlocutores policiales y sanitarios.

Asimismo, para evaluar la situación, se crea el Registro gallego de actos de violencia externa en el ámbito sanitario, en el que se inscribirán todos los actos de violencia sancionados.

Una mayor inversión para mejorar las aplicaciones que tiene el Sergas

Por otra parte, el Consello de la Xunta autorizó la contratación, por 1,3 millones de euros, de los servicios de gestión de proyecto, de soporte técnico, de entrega, de consultoría de comunicación y contenidos sobre los portales web y aplicaciones en movilidad accesibles a través de internet e intranet del Servicio Gallego de Salud.

Según recogen en un comunicado, el plazo de ejecución previsto para esta contratación es de doce meses desde su firma, estando previstas prórrogas por un máximo de 48 meses. En este caso, el valor estimado del contrato llegaría hasta 4,6 millones de euros. Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea, a través del Programa Feder de Galicia 2021-2027.

Destacan que el número de accesos a los portales web de la consellería superó en el último año los 16 millones de visitas y los portales orientados a facilitar información a los profesionales de la organización superaron los 13 millones. El aumento de personas que utilizan los medios digitales para mantener su relación con el Sergas no para de aumentar y la interacción de la administración autonómica y los usuarios es cada vez mayor.

Además, la cantidad de documentación indexada en estos portales se sitúa por encima de 300.000 páginas de contenidos y más de 85.000 documentos. La consellería cuenta, asimismo, con más de 500 espacios de colaboración entre los distintos profesionales. Estos espacios internos de coordinación superaron los dos millones de accesos.

Rueda cuestiona fallos judiciales que “ahuyentan” proyectos eólicos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cuestionó los fallos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) con paralización de proyectos eólicos, que “impiden, ahuyentan” iniciativas empresariales. “No tiene ningún sentido estar en esta situación”, aseveró en un encuentro económico en el que avanzó que la Xunta empezará a ejecutar obras por el sistema anticipado de gasto.

Ante representantes económicos, se mostró muy crítico con la paralización de proyectos eólicos. “Estamos sometidos a unos criterios judiciales que no suceden en ninguna otra comunidad autónoma”, insistió para recalcar que “están en riesgo todos” los proyectos. Y es que sobre los fallos del TSXG incidió en que fueron revisados por el Supremo “y ha dicho que no son correctos”, a lo que sumó el posicionamiento del Tribunal de Justicia europeo.

La Xunta recurre el reparto de migrantes ante el Supremo

El Gobierno gallego autorizó recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) los decretos que desarrollan el decreto ley de reparto de los menores migrantes entre las comunidades, que ya en su día había llevado, al igual que otra decena de autonomías, al Tribunal Constitucional (TC).

La decisión, a propuesta de la Consellería de Política Social, la notificó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien explicó que cuenta con la validación de la Asesoría Xurídica autonómica y se toma en un contexto en el que considera que el Gobierno central no ha “colaborado” con las autonomías en el reparto de menores migrantes. Por ello, igual que en su día se recurrió el decreto ley del reparto, ahora se recurren otras dos normas. Según Rueda, uno de ellos establece el procedimiento de reubicación y traslado de menores migrantes y, el segundo, se refiere al número de menores.