El último pulso de Ence en la ría de Pontevedra

Reportaje

La Audiencia Nacional debe decidir si fue legal prorrogar su concesión otros 60 años. La empresa amenaza con irse de Galicia y la batalla política crece con el anteproyecto de la ley de cambio climático

La ría de Pontevedra acoge desde el año 1958 las instalaciones de la polémica factoría, que son objeto de debate de cara a su continuidad desde hace ya muchos años.

Mañana arranca la semana en la que la comisión parlamentaria de Transición Ecológica debe cerrar el texto de la ley de cambio climático. Sobre ella están los ojos de un centenar de empresas del litoral gallego -y se calcula unas 5.000 edificaciones-, que piden garantías legales sobre las prórrogas ya concedidas a sus licencias. Ahí están depuradoras de marisco, cocederos, conserveras, plantas acuícolas... y también Ence, lo que enrevesa todavía más un debate con forma de cuenta atrás en el que se entrecruzan dos temas claves en Galicia: el uso del litoral y la permanencia de la pastera en la ría de Pontevedra. El anteproyecto de ley ha enhebrado ambos pero en la realidad, y pese a todo el ruido, el futuro de Ence mira a la justicia.

Se espera que antes de verano la Audiencia Nacional resuelva los recursos de Concello de Pontevedra, Greenpeace y Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) contra la ampliación de la concesión otorgada en 2016 por el Gobierno de Rajoy en funciones hasta 2073. Esa prórroga se leyó con alivio por la empresa y trabajadores y sentó como un tortazo en la parte de la comarca que lleva lustros pidiendo su marcha de la ría. Tres años después se jugó la primera parte del partido de vuelta: el Gobierno de Sánchez, en precampaña, cambia el criterio de la Abogacía del Estado y se allana en esos tres recursos por no ver la prórroga conforme a derecho. Desde luego aquello no sentó bien a la empresa, que sufrió en bolsa.

El plazo de los 75 años

En el fondo de la cuestión está determinar qué plazo máximo puede ocupar una empresa el suelo público a través de una concesión y, fijada una respuesta, si las posibles prórrogas se deben incluir en ese plazo o pueden superarlo. La Ley de Costas de 1988 fijaba en el litoral un tope máximo de 30 años para las concesiones ya otorgados y combinada con la ley de patrimonio de 2003, que establece un máximo de 75 años, acabó dibujando un futuro precario a muchas empresas activadas en el desarrollismo de finales de los 50 y 60. Entre ellas, Ence: privatizada en 2001, tenía su plazo de salida en 2018 y de hecho la Audiencia Nacional llegó a iniciar la caducidad de la concesión. Y ahí aterrizó la modificación de la Ley de Costas en 2013, autorizando prórrogas excepcionales siempre que se cumpliesen ciertos permisos. Pero su redacción no dejaba claro si el total de las ampliaciones podía superar los 75 años -como acabó sucediendo-. Eso se lo recriminó el Consejo de Estado al Gobierno de Rajoy al ver una ley “ambigua" y se suponía que eso es lo que pretendía aclarar el nuevo Ejecutivo. Pero las dificultades para reelaborar la legislación de costas empujaron al equipo de Teresa Ribera a meter en la ley del cambio climático un artículo que la modificaba para sorpresa del propio Consejo de Estado, que en su análisis dio además otra clave: inseguridad jurídica. Y es que en el ya famoso artículo 18 establece ese plazo máximo de 75 años para las concesiones en el terreno público marítimo terrestre y considera "nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados en incumplimiento de este articulo".

La redacción y la política

¿Conjugar así "dictados" quiere decir que se podrían declarar ilegales prórrogas de concesiones ya otorgadas? Xunta y empresas piensan que sí y Transición Ecológica asegura que la ley no se ejecutará de manera retroactiva. Y ya. Salvo obligado giro político, el Gobierno no tiene intención de modificar el texto, lo que en la práctica le dejaría la posibilidad de interpretar caso a caso cada concesión. A partir de ahora, y vencido el tope máximo, para obtener nuevas autorizaciones los interesados en obtener una licencia deberán demostrar la necesidad de seguir en el litoral. En el sector mar-industria alimentaria temen arbitrariedad y denuncian la incertidumbre que se está traduciendo en inversiones fugas a Portugal. Tampoco entienden cómo una ley que lucha contra el cambio climático puede afectar a empresas sin huella contaminante ni se valora la excepcionalidad de una industria que necesita el mar.

La batalla política se juega en varios escenarios y la figura de Ence impide ningún gran acuerdo, como se aprecia en los plenos municipales, en el Parlamento gallego o en el Congreso. Allí, el PP y el BNG pelean en paralelo para modificar ese artículo 18 con posiciones incompatibles. Los populares ven "inconstitucional" el anteproyecto de ley y exigen salvar todas las concesiones costeras, sin excepción. Los nacionalistas, mientras, buscan apoyos -se necesitaría el acuerdo de PP, ERC, PNV y Cs- para aprobar ahora una enmienda que excluya a las empresas de la cadena mar-industria sostenibles, dejando al margen a Ence. ¿Y el socialismo gallego? En las Rías Baixas comparte el guion con los nacionalistas e incluso la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, avanzó en redes una enmienda que nunca se materializó. En O Hórreo se han abstenido y en el Congreso mantendrán la disciplina de voto. El popular Miguel Tellado les recriminó estos "transformismos", pero la hemeroteca es puñetera para casi todos: el bipartito tuvo aquí uno de sus ejes de fricción, Feijóo llevó la salida de Ence de la ría de Pontevedra en sus programas de 2009 y 2012 y en 2010 el Parlamento gallego aprobó por unanimidad negociar el traslado antes de 2018.

Dos vídeos

La tensión en Pontevedra se recrudeció en el último mes tras filtrarse un vídeo con unas declaraciones del presidente de Ence, Ignacio de Colmenares, a sus trabajadores: “Que no os engañen cuando os dicen que ese artículo no nos afecta (...) Podemos tener un susto mayúsculo medioambiental en cualquier momento, que puede afectar a las personas. Como tenemos una responsabilidad como administradores, como no nos dejen horizontes suficiente para invertir lo que hay que invertir (…) nos veremos obligados a cerrar la fábrica de forma ordenada pero rápida". APDR lo denunció -ya archivada-, la empresa defendió que cumplía las normas "10 veces más" que cualquier industria y la Xunta recordó que pasó cuatro auditorías desde 2015. Nada sofocó el incendio: los trabajadores iniciaron movilizaciones, el alcalde Lores -que tiene aquí una de sus banderas indiscutibles- sufrió un escrache violento y De Colmenares fue declarado persona non grata en la ciudad -igual que Rajoy tras la prórroga de 2016-.

Hace unos días, un vídeo rebotado por cargos del PP se viralizó volviendo a describir el negro panorama si no hay cambios. Ribera intervino: "O texto lexislativo non afecta a ningunha das concesións xa outorgadas nin as súas prórrogas legais (...) O caso de Ence depende dos tribunais". La industria del mar recordó que llevan un año esperando una reunión pero en Ence se detectó cierto cambio.

2033 o 2073

La empresa pide ahora un blindaje contra la retroactividad del artículo 18, visto por ellos como "un mecanismo de seguridad" que el Gobierno podría activar para recortar su concesión y dejarla en 2033 -cuando se cumplirían los 75 años- en caso de que la justicia diese la razón a la pastera. Y es aquí donde se inserta una información del Diario de Pontevedra en la víspera de su última junta de accionistas: Transición Ecológica trasladó a la empresa que no recurrirá si la Audiencia Nacional aprueba la prórroga. Al margen de lo que pudiesen hacer los otros implicados -pueden llegar hasta Estrasburgo- el escenario varía. Y por eso, después de lanzar varios mensajes en la línea de "2073 o adiós", un comunicado de Ence daría otra pista del deshielo: "Pedimos diálogo con el fin de que la planta pueda seguir operando como mínimo hasta el año 2033".

La huella de Ence

En este larguísimo pulso, Ence se apoya en su peso económico en Galicia. La empresa da empleo directo a 400 personas y cifra en 5.000 los puestos indirectos -entre transportistas y sector forestal, que quedaría por medir cuánto afectaría su hipótetica marcha-. En esa línea ha recibido el apoyo de una veintena de asociaciones empresariales que recuerdan que hay 250 empresas con vínculos con Ence e incluso las cofradías de pescadores avalaron hace unos días su comportamiento ambiental, apoyado por inversiones con las que han reducido las emisiones olorosas y también avalado por sentencias. En el otro lado del debate, plataformas ciudadanas, ecologistas y la izquierda recuerdan la condenas de 2002 por contaminación y abren la posibilidad de imaginarse el futuro de una ría que lleva seis décadas marcada por Ence. Queda por ver por cuánto tiempo más.

Cambiar de sede en Galicia y la oportunidad de los fondos UE

El 17 de marzo, la vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera prometió al comité de trabajadores de Ence una mesa para el futuro de la empresa. Que todavía no se hayan dado más pasos invita a pensar a los malpensados que el Gobierno quiere cerrar antes de esa reunión el texto de la ley de cambio climático. Y en el análisis se debe sumar irremediablemente la oportunidad de los fondos de la UE. Esta fue la baza que asomó el delegado de la Zona Franca, David Regades, señalando la posibilidad de captar dinero europeo para perfilar una nueva ubicación gallega para Ence que permita garantizar el empleo.

¿Y es viable pensar en esta empresa en Galicia fuera de la ría de Pontevedra? Esa es la pregunta que sobrevolará el futuro encuentro entre sindicatos, empresa, Concello de Pontevedra, Xunta y ministerios de Trabajo, Industria y Transición Ecológica. Por ahí siempre ha ido el argumentario de los defensores de sacar a Ence de la ría, a eso se refirió la Abogacía del Estado cuando cambió de criterio en la Audiencia Nacional al entender que la empresa tiene sentido fuera de Pontevedra y eso es lo que siempre ha negado Ence, apoyándose en dos estudios de ingeniería para ver inviable a nivel económico -cifra el traslado en 700 millones- y técnico una posible mudanza a los destinos que se han asomado como soluciones para su mudanza: As Pontes, Barro o la Plisán de Salvaterra. A esto se refirió el martes el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites -también secretario general de la asociación de conserveras-, que ve motivos "ideológicos y no técnicos", en la posible marcha de Ence: "Se habla de mandarla a otro sitio y no he visto a nadie que haya planteado una propuesta operativa".

Los fondos UE

La intención del Gobierno pasaría por vincular fondos europeos al traslado de Ence a otro punto de Galicia, incluyendo ahí la regeneración de Lourizán y la posibilidad de completar su ciclo productivo con una papelera. En paralelo, la empresa ya ha pedido un PERTE junto al resto del sector papelero de 1.400 millones y tiene además pendiente delimitar el futuro de su planta en Pontevedra, porque tras invertir 132 millones desde 2016 han congelado 400 millones. Esa es la cantidad que la empresa tenía previsto gastar hasta 2023 y que ahora vería imposible amortizar en un hipotético recorte de la concesión hasta el 2033. De ahí vino, hasta la modulación del discurso, la amenaza del ERE y concentrar sus inversiones en sus instalaciones de Navia.

Lo que parece indiscutible es la viabilidad de la empresa: en 2018 alcanzó un beneficio récord de 130 millones y pese al bajón del 2019 tras el cambio de la posición del Gobierno en la Audiencia, la caída del precio de la celulosa y el 2020 del covid mantiene 540 millones en caja y en bolsa mantiene en las últimas semanas un firme ciclo alcista.

La repercusión para Ourense: madera y embalses

Por si fuera poco, el nuevo Plan Forestal de Galicia también se suma a este debate por el peso que tiene Ence dentro del sector forestal, con una importancia creciente en Ourense. Es la principal compradora de eucalipto y esto ayuda a explicar cómo se extendió esta especie -suma el 25% de la superficie arbolada-.

Y en otro plano, es imposible no comparar las prórrogas que superan los 75 años en el litoral con las concesiones de los embalses en el interior, con plazos que llegan a superar el siglo y casos tan ruidosos como los 140 años de Os Peares tras la decisión del Gobierno de Zapatero. El Constitucional diferenció entre las instalaciones que por su naturaleza no pueden tener otra ubicación y las que sí, pero sin duda sorprende cómo los grandes partidos evitan entrar en la reversión de los embalses.