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El presidente gallego, Alfonso Rueda, y la vicepresidenta segunda y responsable de Vivienda de la Xunta, Ángeles Vázquez, han defendido que este decreto afronta la realidad gallega y servirá para “mejorar la calidad de vida de los gallegos”, según declaró Rueda que insistía, que “no se trata de eliminar comercios y cambiarlos por vivienda” sino que es una fórmula de compatibilizar ambas opciones.
Con esta norma, se actualiza un decreto que ya tenía 13 años y que presentaba requisitos que o bien eran muy estrictos o ya habían quedado obsoletos de cara a rehabilitación o reforma de una vivienda.
El cambio más relevante introducido con este decreto es el de favorecer o facilitar la reconversión de bajos en viviendas cuando se den este tipo de situaciones, permitiendo ahora a los ayuntamientos “hacer excepciones y simplificar las exigencias necesarias para garantizar la intimidad de los residentes en determinados ámbitos”, siempre que esté debidamente justificado por razones urbanísticas o de protección patrimonial de la zona.
Para ello, se mantiene con carácter general la exigencia de protección de vistas en las viviendas resultantes de la reconversión de locales comerciales en planta baja, pero serán las administraciones municipales las que podrán delimitar ciertos ámbitos en los que se exima del cumplimiento de estos requisitos, o bien se maticen para que resulten más fáciles de cumplir, mediante la tramitación de un anexo de habitabilidad.
La norma flexibilizará así las normas para los usos, lo que podrá beneficiar a unos7.000 bajos en alquiler que actualmente tenían “muy pocos visos de futuro como comercio”.
Ángeles Vázquez ha sostenido que estos cambios cuentan con “gran respaldo” entre propietarios y sector, así como también, a su juicio, entre la sociedad gallega que busca “seguir avanzando y evitar la degradación” del territorio.
Según la conselleira, la actualización de la normativa de habitabilidad va a facilitar, por una parte, la existencia “de un mayor número de viviendas y que haya alquileres más bajos” ante el aumento de la oferta y por otra, “garantizar la calidad de vida de los gallegos a través de viviendas dignas”.
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