El Gobierno asigna 25,1 millones de euros en subvenciones para garantizar los "derechos humanos" de personas extranjeras
Se destinarán a financiar proyectos que prevengan y sensibilicen contra el racismo, la xenofobia, los delitos de odio y otras formas de intolerancia.
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a convocar subvenciones por un total de 25,12 millones de euros. Las ayudas están destinadas a promover actuaciones de interés general en el ámbito de la extranjería, enfocadas en la defensa de los derechos humanos de las personas extranjeras y en favorecer la convivencia y la cohesión social.
Las subvenciones estarán cofinanciadas por fondos de la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), y forman parte de los compromisos adquiridos por España tanto a nivel internacional como con la propia Unión Europea.
Se destinarán a financiar proyectos que prevengan y sensibilicen contra el racismo, la xenofobia, los delitos de odio y otras formas de intolerancia. También cubrirán proyectos enfocados en la sensibilización sobre la violencia de género en todas sus manifestaciones y la trata de seres humanos, así como proyectos de apoyo a víctimas o posibles víctimas de trata y violencia de género y sus descendientes.
La convocatoria se realiza conforme a la Orden ISM/810/2023, de 14 de julio, y los proyectos deberán ejecutarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.
"Esta iniciativa se inscribe dentro de una política migratoria que promueve la diversidad y la lucha contra la discriminación, el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia, así como la trata de seres humanos y la violencia de género", según explican desde el Ministerio.
Sobre la percepción del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia del aumento en los discursos de odio, la ministra ha afirmado que "el discurso racista se ensaña con los más vulnerables, especialmente con los niños y niñas que llegan solos. Procurar la cohesión social no es solo un mandato legal establecido por la Ley Orgánica de Extranjería, sino un mandato moral que debemos cumplir".
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