El coste de la discriminación hacia la población extranjera en España asciende a 17.000 millones de euros, según un informe de OBERAXE

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), ha publicado este lunes el informe “Análisis del impacto económico de la discriminación y la desigualdad entre la población autóctona y la extranjera residente en España”. El estudio calcula que la discriminación laboral y educativa hacia la población extranjera supone un coste de 17.000 millones de euros, equivalente al 1,3% del PIB español, según los datos de 2022.

El análisis, elaborado por los profesores Ramón Mahía y Eva Medina de la Universidad Autónoma de Madrid y cofinanciado por la Unión Europea, desglosa este impacto en dos ámbitos principales: laboral (12.300 millones de euros, un 1% del PIB) y educativo (4.800 millones de euros, un 0,36% del PIB). Estas cifras se basan en los salarios que los trabajadores extranjeros dejan de percibir debido a las desigualdades y la falta de oportunidades.

El Gobierno trabaja en medidas para fomentar la cohesión y la integración de las personas migrantes, incluida la próxima reforma del Reglamento de Extranjería. Esta normativa busca facilitar vías regulares de migración con garantías legales, promoviendo así la integración social y económica. Según la ministra Saiz, la discriminación tiene un alto coste económico y social, lo que subraya la urgencia de implementar políticas inclusivas que aprovechen el talento y la diversidad en beneficio de toda la sociedad.

El informe destaca, además, que las desigualdades en el mercado laboral afectan especialmente a las mujeres migrantes, con un impacto de 12.300 millones de euros. La tasa de desempleo de la población extranjera alcanza el 18,2%, frente al 11,6% de los autóctonos, lo que supone una pérdida económica de 5.100 millones de euros. A pesar de una mayor tasa de actividad entre los extranjeros (71% frente al 56% de los autóctonos), las mujeres extranjeras tienen un 2,3% menos de probabilidad de empleo, lo que equivale a una pérdida de 1.200 millones de euros al año. También se señalan casos de sobrecualificación, que afectan a un 15% de los trabajadores extranjeros con estudios superiores y, especialmente, a las mujeres.

En el ámbito educativo, las desigualdades desde edades tempranas limitan las oportunidades de la población extranjera, generando un coste de 4.800 millones de euros anuales. La tasa de escolarización de los jóvenes extranjeros es un 17% inferior a la de los autóctonos, lo que impacta negativamente en su rendimiento académico, incrementa las tasas de abandono y reduce sus posibilidades de acceso a la educación superior.

La ministra Saiz ha señalado que estas desigualdades no solo perjudican a quienes las sufren, sino que también privan al país de talento y oportunidades de crecimiento económico y social. Con la reforma del Reglamento de Extranjería, el Gobierno busca garantizar que todas las personas, independientemente de su origen, puedan contribuir al desarrollo y prosperar en España.