Izquierda Unida pide que amplíen el plazo para poder inscribirse en el CERA en los Consulados

IU pide que se amplíe el plazo para que los españoles residentes en el extranjero se puedan inscribir en los Consulados para poder votar en 2015, y acabar con la "carrera de obstáculos" diseñada por el Gobierno. En éste sentido, el diputado y portavoz de Justicia, Gaspar Llamazares, aseguró en declaraciones a los medios de comunicación en dependencias del Congreso que "da la impresión de que el Ejecutivo no solamente no tiene empleo ni derechos para ellos, ahora ni siquiera el derecho a voto".

Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida y portavoz de Justicia en el Congreso de IU, ICV-EUiA y CHA, anunció que su grupo parlamentario ha pedido que se amplíe el plazo para la inscripción en los Consulados de los españoles que viven en el extranjero para que puedan votar en las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015. Llamazares ha denunciado que el sistema que ha vuelto a diseñar el Gobierno del PP para hacerlo, y que concluye el 31 de diciembre, en lo que respecta a la fecha tope para la inscripción, es "escandaloso" y lo tachó de "carrera de obstáculos" para nuestros emigrantes. El parlamentario de IU denunció que la información facilitada por el Ejecutivo ‘popular’ para poder votar en los mencionados comicios es "clandestina para los casi dos millones de españoles que viven fuera y para los 800.000 que se han incorporado recientemente como consecuencia de la crisis".

Gaspar Llamazares explicó que debería realizarse una auténtica campaña de información para que no se repita "una situación parecida a las elecciones europeas del pasado 25 de mayo", en las que menos del 2% de los potenciales electores españoles en el exterior inscritos en el censo CERA, 34.310 personas de las 1,7 millones censadas, pudieron ejercer su derecho al voto. Señaló que Izquierda Unida va a trabajar para evitar que se dé "un nuevo ‘pucherazo electoral a los ciudadanos que tienen ya la desventaja de vivir fuera". En la misma línea y para que el Gobierno dé todas las explicaciones necesarias sobre esta cuestión, Gaspar Llamazares ha registrado una pregunta escrita al Gobierno cuyo texto íntegro se acompaña a continuación:

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las siguientes preguntas sobre, dirigidas al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.

El Ministerio del Interior y el PP han lanzado una llamada a los extranjeros residentes en España con derecho a voto para que se registren en el censo antes de finales de año. Pero mientras el Gobierno no ha facilitado una información similar para los españoles que vivimos fuera, el PP sí viene haciéndolo en solitario, beneficiándose de este modo de una información privilegiada, lo que sería el enésimo pucherazo practicado por el Gobierno y el PP con el voto exterior.

A pesar de que el censo electoral de residentes en el exterior no para de aumentar –más de un 45% desde el inicio de la crisis según datos del INE–, la desinformación para los 1,8 millones de electores emigrantes sobre cómo ejercer su derecho a voto es constante. En las anteriores elecciones europeas se enteraron por casualidad del cierre del censo CERA, el correspondiente a los españoles residentes permanentes en el extranjero, a raíz del cierre de censo en España para los inmigrantes comunitarios. Ésta fue una de las causas principales de que la participación electoral de los emigrantes se quedara en un ínfimo y antidemocrático.

Este año, una vez más, la historia se repite: solo tras sucesivas llamadas a la Oficina del Censo Electoral y correos al INE se ha podido confirmar que los "movimientos no notificados" de residentes en el exterior antes del 31 de diciembre quedarán fuera del censo de cara a las elecciones autonómicas del 24 de mayo. Es decir, que quien no esté inscrito en el consulado antes de fin de año no podrá votar. Casi seis meses antes de la cita electoral y, nuevamente, sin aviso oficial alguno.

Tal y como ha denunciado la Marea Granate de los españoles en el extranjero, esta ausencia flagrante de información no sorprende, ya que se trata de una traba más de las muchas que impone la Administración para ejercer su derecho a voto. La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (acordada por el PSOE, PP y CIU en 2011) eliminó el derecho a votar en las elecciones municipales para los españoles que residen permanentemente en el exterior e introdujo el voto rogado, una nueva modalidad de sufragio que obliga al potencial votante a "rogar" su derecho a voto en cada proceso electoral. Las excusas para modificar la LOREG, injustificable en términos políticos y legales, fueron las supuestas irregularidades en el voto migrante. Dichas irregularidades siempre tuvieron su origen en un funcionamiento deficiente de la Administración. Curiosamente siguen ocurriendo tras la reforma, y esta vez vienen además acompañadas de una cantidad ingente de abstenciones forzadas. Tras el cambio de la ley electoral, todos los votos "robados" cuentan como abstenciones, lo cual perpetúa y redunda en beneficio del bipartidismo que "cocinó" la reforma.

Es un proceso impuesto que probablemente dejará sin votar a más de un 95% de los españoles residentes en el extranjero, en torno a 1,8 millones de abstenciones.

En las recientes elecciones europeas, tan solo el 2% de los inscritos en el CERA, 34.310 personas de las 1,7 millones censadas, pudieron ejercer su derecho al voto. Las dificultades creadas por la nueva normativa además de otros problemas produjeron situaciones lamentables como que en Venezuela ninguno de los 157.000 inscritos en el CERA haya podido votar o que solo se recibieran 507 votos de emigrantes canarios, lo que supone un 0,4% del censo que asciende a 125.957 personas. En el País Vasco, de 60.206 inscritos, y de 3.846 solicitudes aprobadas, sólo votaron 1.560 emigrantes. En Melilla solamente se recibieron 3 votos de casi 4.000 censados.

La propia Junta Electoral Central tuvo que admitir el desastre y ampliar el plazo del voto CERA debido al retraso en el envío de la documentación electoral a los residentes en el extranjero.

Un 98% de los censados no pudieron votar. Todo fue un pucherazo, una tomadura de pelo. El gobierno del PSOE, con la complicidad del P.P. y otros periféricos suprimió el derecho de voto municipal y redujo las posibilidades del voto para el resto de las elecciones y esto a pesar de las reclamaciones efectuadas por los representantes de la ciudadanía en el exterior. Se rieron de los españoles residentes en el extranjero.

Son muchas las dificultades que se están encontrando para poder votar: informaciones contradictorias en los consulados, impedimentos en las altas y bajas consulares o la imposibilidad de inscribirse a distancia para quienes no pueden desplazarse. Aunque la legislación dice que el censo se cierra con anterioridad a la convocatoria de elecciones e incluso recoge el momento exacto del cierre, parece que consulados y Ministerio prefieren obviarlo cuando se trata del voto de los españoles en el extranjero, y reciben con perplejidad respuestas oficiales como que "las elecciones no se han convocado aún" o que "de dónde nos hemos sacado la fecha del 31 de diciembre".

Además, observamos con impotencia cómo la Administración no ofrece soluciones –ni interés en que las haya– para las personas ya atrapadas en estos problemas burocráticos. Al desconocimiento de la legislación y el proceso por parte de algunos Consulados se suma una Junta Electoral Central que ha silenciado las múltiples reclamaciones de las anteriores elecciones, o una Administración que elude responsabilidades de los reembolsos de los envíos de correos certificados de los votos de estos ciudadanos, los únicos que pagan por votar, y en ocasiones sumas considerables.

¿Miedo a un voto de castigo? Muchísimo. Se estima que más de 700.000 personas han abandonado forzadamente el país en los últimos años, en un éxodo masivo que no deja de aumentar. Una población que le sobra al Gobierno, a la que se ha echado del país y que ve eliminados sus derechos más básicos. Una población que seguramente será extremadamente crítica en las próximas elecciones.

Por ello, la Marea Granate denuncia con razón que el voto rogado es un voto robado.

Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

1) ¿Por qué el Gobierno, a través de los Consulados, no ha realizado la preceptiva campaña de información a los españoles residentes en el extranjero y a los transeúntes que allí se encuentran temporalmente, para informarles de que ha fijado la fecha del 31 de diciembre de 2014 como último plazo para la inscripción en el Censo Electoral de Residentes en el Extranjero y, en su caso, para su inscripción consular como transeúnte de residencia temporal?

2) ¿Ha facilitado el Gobierno esa información a los partidos políticos y, en su caso, a cuáles? ¿Estamos ante un caso de información privilegiada?

3) ¿Piensa el Gobierno, para subsanar este escándalo mayor, prolongando suficientemente este plazo, ampliándolo para realizar una intensa campaña de información por parte de los Consulados y que de este modo todos los españoles tengan la misma oportunidad de censarse y votar en las elecciones autonómicas?